El abogado del principal denunciante de los abusos sexuales presuntamente cometidos por varios sacerdotes, del llamado clan de los Romanones, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el caso, un escrito en el que pide que se requiera al arzobispo de Granada, Javier Martínez, información para que aclare si ha habido contribuciones, donaciones o aportaciones económicas de este grupo de religiosos a la Diócesis o "a cualquier entidad o persona dependiente" de la institución.

Esta acusación pide que el prelado indique cuáles son las reuniones que ha mantenido con los Romanones desde que fue designado para el cargo de arzobispo hasta la fecha, y que se inste a la Santa Sede para que informe de cuáles son las actuaciones canónicas que se han llevado a cabo hasta ahora contra los imputados y todo lo emprendido por la jurisdicción eclesiástica; y a la Conferencia Episcopal para que aporte el protocolo que sigue la Iglesia en estos casos.

También el abogado pide al juez que se recopilen las quejas o reclamaciones que puedan haber contra los diez sacerdotes imputados desde que fueron ordenados, aclarando que el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C. ha ejercido, además de en Granada, en Italia, Argentina o Bélgica, por lo que la información debería solicitarse a instancias internacionales.

Sus peticiones se producen después de que sólo unos días antes esta misma acusación particular presentara un recurso de apelación ante la Audiencia de Granada contra el auto del Juzgado que declaró prescritos todos los delitos de los doce imputados salvo los atribuibles al padre Román M.V.C.

De hecho, considera que los hechos denunciados por la víctima, que asegura que sufrió abusos desde los 14 hasta los 17 años, pueden contemplarse como un delito de corrupción de menores, agresión y abusos sexuales, que estarían castigados con penas que oscilan entre cuatro y diez años por lo que "es evidente" que no habría transcurrido el plazo legal de la prescripción, de 10 años desde el último episodio, que se habría producido en 2007.

Concretamente, atribuye al padre Román M.V.C., a dos sacerdotes más y a un profesor de Religión -los únicos que fueron detenidos por este asunto- un delito de corrupción de menores "por su participación activa y directa en los hechos de naturaleza exhibicionista y pornográfica de la que han venido sometiendo" al denunciante durante los años 2003 a 2007.

El resto de imputados, los otros ocho, participarían en el delito de corrupción de menores en su modalidad omisiva, comisión por omisión.

Con respecto al padre Román, el abogado del denunciante apunta que se le puede atribuir además un delito de abusos sexuales con prevalimiento y acceso carnal -agresión sexual-, por unos hechos que comenzaron en 2003 y que se prolongaron hasta mayo de 2007, cuando el denunciante, que había nacido el 25 de enero de 1990, contaba con 17 años cumplidos.