Compromís-Equo plantea, en su propuesta de resolución planteada tras el Debate sobre el estado de la Nación, centradas en la Comunitat Valenciana, que el Gobierno no indulte ni conceda el tercer grado a ningún político valenciano condenado por corrupción, así como que se impida el uso de medios de comunicación públicos como "mecanismos de propaganda partidista".

La primera medida se refiere a delitos relacionados con la gestión del dinero público o la recaudación, como puede ser el fraude fiscal, y en la referente a los medios de comunicación pide una normativa estatal para garantizar el derecho de información a través de emisiones "plurales y veraces" donde no quepa el "control ideológico".

En la misma propuesta se solicita calcular los costes de los servicios públicos transferidos a la Generalitat valenciana y las cuantías con las que el Estado los ha financiado para así conocer la deuda histórica generada y establecer un plan de pagos y devolución. La segunda auditoría que plantea es para revisar la privatización de los servicios públicos en esa comunidad, en especial los conciertos sanitarios, con el fin de poder revertirlos.

Entre otras medidas, Compromís-Equo también aboga por adelantar el Fondo de Competitividad a la Comunidad Valenciana, permitir que el Ejecutivo regional pueda recaudar su Impuesto sobre Depósitos Bancarios, reforzar la plantilla de jueces —sobre todo para los casos de corrupción—, cerrar la central nuclear de Cofrentes y traspasar la gestión de los aeropuertos y de la red de trenes de cercanías y regionales.

Asimismo, se reclama una auditoría de la gestión de la educación concertada, el acceso inmediato de los enfermos de hepatitis C a los medicamentos de última generación, el cierre definitivo del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, un plan de reindustrialización de la economía valenciana, el incremento de las ayudas a la agricultura valenciana y garantizar una concesión de agua de buena calidad del río Júcar en las comarcas de la Ribera.