El exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Martín Soler ha indicado este miércoles que el acta de liquidación provisional emitida por el Tribunal de Cuentas que precisa que los exdirectores generales de Trabajo son los responsables contables de la aplicación y gestión de los fondos de subvenciones gestionadas por la Junta de Andalucía entre 2001-2009 manifiesta que las transferencia de financiación en las que la juez Mercedes Alaya "basa sus indicios" son "absolutamente legales".

El ex responsable andaluz de Innovación ha calificado de "clarificadora, nítida y rotunda" el acta que se centra en la actuación de los directores generales competentes y que se deriva de una denuncia interpuesta en mayo de 2001 por el que fuera secretario regional del PP en Andalucía y actual delegado del Gobierno en dicho territorio, Antonio Sanz Cabello, en relación con la existencia de presuntas irregularidades en la aplicación de las ayudas gestionadas por el Gobierno autonómico.

En declaraciones a Europa Press, Soler ha señalado que la resolución emitida por un órgano "que está especializado en la fiscalización y control de la gestión presupuestaria" tiene "mucha importancia" porque "clarifica los niveles de responsabilidad" y "plantea una tesis rotunda y contundente" en la que los consejeros quedarían fuera de responsabilidad.

El exconsejero, imputado en el marco de la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el caso de los ERE irregulares, ha puntualizado así que aunque la resolución "no paraliza ni afecta a la instrucción", sí ofrece una versión "contundente" que "se debería tener en cuenta" a la hora de afrontar "el debate de responsabilidades políticas, si las hubiere" en cuanto a que aporta "luz y claridad".

Así, ha ahondado en la "utilidad evidente" que tiene el acta, por lo que considera que las defensas de cada parte implicadas en la investigación deberán darle "el valor" y "uso oportuno" a esta resolución, que en cualquier caso refleja que "la Consejería de Innovación no tenía ninguna responsabilidad en la gestión de los fondos de los ERE" puesto que éstos "procedían de Empleo".

"Las decisiones se tomaban en la dirección general de Empleo e IDEA era meramente una ventanilla, una caja pagadora", ha recalcado el extitular de Innovación, quien se apoya en la resolución para asegurar que la acción de la Agencia de Innovación y Desarrollo era "de mera tesorería, lo que significa que cumplía las órdenes de pago que venían de Empleo". Con esto, ha insistido en que la "responsabilidad" de Innovación en este caso es "nula" en cuanto a la toma de decisiones y aprobaciones.