El Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) ha reclamado "una solución transitoria inmediata" que permita eximir "cuanto antes" a los ciudadanos del pago de las tasas judiciales, y que esta supresión se extienda a las pequeñas y medianas empresas, después de que el Gobierno haya dado a conocer su previsión de eliminar las tasas para las personas físicas en todas las instancias y jurisdicciones.

De este modo, el decano del Icaib, Martín Aleñar, se a adherido a la postura defendida por el Consejo General de la Abogacía Española y ha aconsejado "prudencia" al recordar que "aún queda mucho por concretar" del anuncio de revisión de tasas realizado por el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy.

Entre las cuestiones a abordar, se ha referido a "cuándo, cómo y en qué términos se llevará a cabo" la supresión, al tiempo que ha señalado que, de confirmarse lo que contempla el documento en el que se señala que las personas físicas quedarán exentas del pago de tasas, "será una buena noticia a medias" puesto que las pymes no han sido incluidas en este anuncio.

En todo caso, ha subrayado que "cualquier rectificación prevista en el ámbito de las tasas judiciales no es sino un éxito de los operadores jurídicos y, muy especialmente, de la abogacía y de su perseverancia a la hora de denunciar de forma reiterada, de muy distintas formas y en muy diversos foros, los efectos perversos de una Justicia tasada que ha desalojado a miles de ciudadanos de su derecho a la tutela judicial efectiva".

No obstante, y aun con esa valoración inicial y "parcialmente satisfactoria", Martín Aleñar ha lamentado lamenta que "todo parezca indicar que ahora mismo no se esté planteando suprimir las tasas judiciales para las pequeñas y medianas empresas, algo que, de confirmarse, supondrá que el Gobierno ha perdido una ocasión excelente de mostrar cierta sensibilidad hacia la difícil situación por la que atraviesan muchas de las pymes del país".

"Es incomprensible que en momentos de recesión económica, que afectan de un modo muy especial a las empresas de dimensiones pequeñas y a sus trabajadores, se plantee mantener unas tasas que van a seguir impidiendo a mucho empresarios acceder a los tribunales para defender sus derechos y legítimos intereses", ha incidido al respecto.

Por este motivo, ha aseverado que la abogacía balear seguirá exigiendo la derogación de una ley que "por desgracia ha puesto precio a los derechos e impone una justicia tasada que muchos no pueden permitirse" y ha confiado en que el Tribunal Constitucional resuelva "con rapidez y cuanto antes" los recursos de inconstitucionalidad que se acumulan en el tribunal en contra de unas tasas "desproporcionadas, excluyentes e inmorales".