Así lo ha manifestado el parlamentario Albano Longo durante una rueda de prensa ofrecida después de la reunión de la comisión. Allí, Longo ha explicado que se ha producido "de manera descarada" un "fraccionamiento de contratos para simular una apariencia de legalidad que acabó con una situación dramática para el medio ambiente".

La constitución de la comisión se remonta a octubre de 2013, cuando Foro solicitó la creación para investigar y depurar las posibles responsabilidades políticas a raíz de las "presuntas desapariciones" de documentos relativos al Plan Territorial Especial Supramunicipal para el Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias, y a la contratación del Plan de residuos, cuya competencia correspondía a la antigua Viceconsejería de Medio Ambiente del gobierno de Vicente Álvarez Areces, y a la actual Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, regida por la socialista Belén Fernández, a la que le piden su cese.

Tras la última reunión de la comisión, la presidenta de la misma, Marina Huerta, ha presentado a los grupos una propuesta de dictamen que podrá ser modificada o sustituida por las aportaciones del resto de grupos. Estos podrán presentar sus borradores o propuestas hasta el 9 de marzo. Será entonces cuando la comisión se vuelva a reunir para analizar todas las propuestas y elaborar un dictamen definitivo que previsiblemente se llevará al último pleno de la legislatura a finales de marzo.

En su borrador de dictamen, Foro ha señalado como responsables políticos a la que fue directora general de aguas y calidad ambiental, Vanesa Pérez, a la actual consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, al consejero del ramo durante la época de las desapariciones, Francisco González Buendía, y al presidente del Principado durante 2011, Vicente Álvarez Areces.

Entre las razones que esgrimen para atribuir las responsabilidades, desde Foro han aludido al "cúmulo de irregularidades que rozan lo delictivo", asegurando que se actuó "de manera demostrada" al margen de la ley, con el resultado de unos daños patrimoniales "exigibles por vía judicial" que podrían ascender a un millón de euros, por la no tramitación del Plan Supramunicipal.

este sentido, el diputado de Foro Asturias ha explicado que esta actuación "al margen de la ley" es lo que explica cómo se produjo la anulación del contrato de la incineradora contemplada en el Plan Estratégico de Residuos de Asturias 2011-2020 y del Plan Territorial Especial.

Desde 2011, critica Longo, Asturias carece de plan estratégico de residuos, al "renunciar" al mismo en diciembre de 2010, lo que implica que se sigan acumulando residuos en el vertedero de Cogersa a pesar de que ya está lleno.

Posición del gobierno.

Por su parte la diputada del PSOE, Pilar Alonso, ha indicado que la comisión en ningún momento acordó encargar dicho informe a la parlamentaria de Foro ni en calidad de diputada ni de presidenta de dicha comisión. "Por lo tanto ese informe ni refleja ni recoge la opinión de los grupos que formamos parte de esa comisión", ha dicho Alonso.

Ha añadido que se trata de un informe "sectario" que reparte responsabilidades sobre un asunto que "ha quedado claro que no tenía problema alguno".