La Comunidad de Madrid aumentó un 56% la derivación de intervenciones quirúrgicas a los centros públicos de gestión privada en el ejercicio 2013.

De acuerdo a los datos de la memoria anual del Servicio Madrileño de Salud, el número de operaciones realizadas en los hospitales de Valdemoro, Torrejón, Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz creció de 4.068 a 6.372 en un solo año. En esta relación entra también el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, situado en Carabanchel y con el que el Ejecutivo regional mantiene un acuerdo de colaboración por el que paga a sus profesionales para tratar a los pacientes del distrito.

Sin embargo, no son los únicos procedimientos que han supuesto más carga de trabajo (y más ingresos) para la sanidad privada.

El apartado 'Actividad Asistencial en Centros Concertados de gestión centralizada' refleja que la Comunidad aumentó la derivación de endoscopias digestivas y exámenes neurofisiológicos realizados con cargo al acuerdo marco que firma anualmente con clínicas privadas. Su número ha pasado de 9.489 a 20.351, un 114% más. Si se suman a estas las realizadas en los hospitales de gestión privada, la cifra alcanza las 32.172 pruebas, un incremento del 239%.

La Comunidad de Madrid también realizó 11.425 mamografías más con cargo al Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (Deprecam), adjudicado a cinco clínicas privadas y a las unidades móviles de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La subida respecto a 2012 es de un 7,3% (de 156.423 a 167.848).

La Consejería de Sanidad matiza que el aumento del Deprecam se debe, en parte, a que las mamografías preventivas se realizan cada dos años, por lo que la comparación debería realizarse con 2011. Sin embargo, admite que el programa se ha potenciado debido a la existencia de más mujeres en edad de riesgo y a la ampliación de la cobertura.

Lo que la Consejería no aclara es el aumento de derivaciones a la sanidad privada, que, aunque ha bajado en epígrafes como el de conciertos hospitalarios -a cargo de con clínicas como la Sear, el Instituto San José o el hospital San Rafael, que vieron recortada su actividad de 311.273 a 301.975 actos, un 2,98% menos-, sigue creciendo en los apartados mencionados.

La derivación de pacientes fuera del sistema público es un pilar fundamental de la política sanitaria instaurada por Esperanza Aguirre al llegar a la Presidencia regional en 2003.

La dirigente del PP prometió durante la campaña electoral de 2003 que todos los madrileños a los que se les prescribiese una intervención quirúrgica pasarían por el quirófano en menos de 30 días: "Si en dos años, después de llegar a la Presidencia, algún madrileño tiene que esperar más, yo dimito".

Poco después matizó que solo se refería a las operaciones sencillas y que el tiempo no empezaría a correr hasta después de la visita al anestesista. A cambio, las clínicas privadas y hospitales con gestión empresarial cobrarían cantidades que van de 98 euros a 120 euros por una resonancia magnética o de 20 a 36 euros por una ecografía de tiroides. Los pacientes que no cumpliesen el plazo y rechazasen ir a otro médico que no fuese el suyo, serían enviados al final de la lista de espera.

Aguirre nunca llevó a cabo su promesa, pero tampoco dimitió. De hecho, el envío de pacientes a la privada tampoco ha hecho descender la lista de espera quirúrgica. Según los últimos datos públicos, que datan de septiembre de 2014, más de 77.000 pacientes esperaban para operarse en la Comunidad, la cifra más abultada de la última década, pese al plan de reducción de listas.

"Esta política no tiene justificación. Mientras los datos del Sermas dicen que en 2013 se perdieron 337 camas en los hospitales públicos [equivalente a la suma de las camas de los hospitales de Arganda Coslada] y 3.582 profesionales, se siguen enviando más recursos a la privada", critica Julián Ezquerra, de Amyts.

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Manuel Molina, respondió este martes que el descenso de trabajadores se debe a que hay profesionales que han pasado a depender de concesionarias de servicios externalizados (en el caso de la lavandería central o de los servicios de limpieza) o de hospitales de gestión privada. Además, justificó la reducción de camas en el aumento de las operaciones ambulatorias que no requieren ingreso.

Para José Manuel Freire, portavoz sectorial del PSOE en la Asamblea de Madrid, la Comunidad practica el "oscurantismo" en la gestión sanitaria. "Los conceptos que reflejan la memoria del Sermas cambian cada año para dificultar la vigilancia. Es casi imposible saber el número total y el coste para las arcas públicas que supone enviar a pacientes al sector privado", critica.