Castilla y León conmemorará este miércoles, 25 de febrero, la aprobación de su Estatuto de Autonomía que cumplirá 32 años y para el que el propio partido que sustenta el Gobierno ha planteado una nueva modificación, sería la cuarta, para establecer un mínimo de gasto social en la Comunidad y elevar a rango estatutario la previsión de una red de protección a las personas y familias más vulnerables.

Del mismo modo y como se aprobó el pasado mes de noviembre a través de una PNL del PP, se pretende incorporar a la norma máxima de Castilla y León el derecho de los ciudadanos a la participación, al buen gobierno y al acceso a la información.

Estos son los principales contenidos de la PNL aprobada con la mayoría absoluta del PP y la abstención del PSOE (el Grupo Mixto prefirió no votar para no participar en la "falacia de un bipartidismo nefasto") en ese objetivo de adecuar el Estatuto de Autonomía a las nuevas necesidades de los castellanoleoneses tras estos años de crisis, si bien la propuesta no podrá ver la luz en lo que queda de legislatura ya que falta apenas un mes para la disolución de la Cámara.

La PNL propuesta por el PP planteaba entre otros puntos limitar el mandato de la Presidencia de la Junta y de las Cortes, así como el de los procuradores con el mantenimiento de un adecuado grado de representatividad y su aforamiento o la dedicación exclusiva, además de limitar las consejerías del Gobierno autonómico a un máximo de nuevo.

El PP sacó adelante también que los grupos estudien impulsar una propuesta de modificación del Reglamento de las Cortes con diez aspectos para fortalecer el papel de los procuradores en los grandes debates con turnos de palabra abiertos a título individual; ampliar el calendario parlamentario a enero y julio y crear una comisión de peticiones y participación ciudadana.

La nueva propuesta de modificación estatutaria persigue adaptarse a las necesidades de los castellanoleoneses, en línea con lo aprobado el noviembre de 2007 cuando las Cortes Generales dieron el visto bueno y sin oposición de los grupos a la tercera reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que se basó en cinco ejes fundamentales: la carta de derechos de los ciudadanos, la asunción de las competencias de la Cuenca del Duero, la separación de poderes, la presencia exterior de la Comunidad y la organización territorial junto a la constitución del Consejo del Diálogo Social.