La futura coordinadora del sector de prisiones de CC.OO. en Castilla y León, María Victoria López, ha cifrado este martes en un total de 253 las plazas de trabajadores sin cubrir en las cárceles de la Comunidad, una situación que se agravará ante el envejecimiento de la plantilla, sobre todo la que se dedica a tareas de vigilancia, y la falta de reposición por parte de la Administración, a la que ha acusado de buscar la privatización, como ha realizado ya en el caso de la seguridad exterior de los centros penitenciarios.

Del mismo modo, la sindicalista ha augurado un aumento de la conflictividad en las cárceles de todo el país por esa carencia de recursos humanos suficientes y adecuados y por las consecuencias de la modificación del Código Penal que, entre otras cosas, contempla la prisión permanente revisable que, según augura CC.OO., hará que los conflictos graves estén "a la orden del día" ya que muchos internos no tendrán "nada que perder".

María Victoria López ha evidenciado también la conflictividad que supondrá el paso de la falta de hurto a la consideración de delito o el incremento de los servicios que se prestan ahora en las cárceles cuando, según ha recordado, en su día sólo fueron concebidas para la gestión de penas privativas de libertad.

"Estamos desbordados", ha advertido la sindicalista quien ha puesto a modo de ejemplo la situación "prácticamente insostenible" que se vive, según su experiencia, en la cárcel de Burgos por esa falta de recursos humanos.

"Tenemos que estar en todos los sitios y llega un momento en el que llegas hasta donde llegas y hay lagunas", ha añadido el actual coordinador del sector de prisiones de CC.OO., Teo Movilla, quien ha acusado a la Administración de pretender responsabilizar de esas carencias a los propios trabajadores, como ha ocurrido con tres funcionarios de la prisión de Topas (Salamanca) a los que se ha expedientado por un intento de fuga en el que la propia Administración reconoció falta de infraestructura adecuada que ya se ha subsanado con la colocación de concertinas.

Movilla, que lleva 20 años al frente de la sección de prisiones de CC.OO. en Castilla y León —precisamente hoy dará el relevo en su cargo a María Victoria López—, ha asegurado que las cárceles de Castilla y León están viviendo "las peores condiciones en mucho tiempo" como consecuencia, ha insistido, de unos "recortes brutales" que se aprecian también en otras tareas como las de limpieza o mantenimiento.

A esta circunstancia ha añadido la "innecesaria" privatización de la seguridad externa que ha costado 48 millones de euros por un motivo "exclusivamente económico" para beneficiar a empresas relacionadas con el PP, según ha asegurado Movilla, cuando, en su opinión, esa cantidad de dinero se podría haber invertido en la convocatoria de oferta de empleo público y a la dignificación del trabajo de estos empleados.

Según los datos aportados por los integrantes de CC.OO. en Castilla y León hay unos 5.000 internos repartidos entre las tres prisiones tipo de la Comunidad (Mansilla de las Mulas, en León; Dueñas, en Palencia, y Topas, en Salamanca) y otras cinco de tipo medio (los centros de Valladolid, Burgos, Segovia, Ávila y Soria) a los que ha sumado otros seis centros de inserción social en Zamora, Salamanca, Valladolid, Burgos, Segovia y León para los internos que cumplen la última fase de su condena.

Teo Movilla ha asegurado que muchos de estos centros están obsoletos mientras que otras inversiones ya realizadas, como las de la nueva cárcel de Soria, no se pueden abrir precisamente por esa falta de personal que denuncia CC.OO.

El coordinador del sector de prisiones de CC.OO ha advertido a este respecto de que su sindicato seguirá defendido que las prisiones se mantengan como un servicio público. "Hasta que la Administración tome cartas en el asunto aquí estaremos", ha asegurado.