El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará la "opción" de destinar a un juez de adscripción territorial (JAT) al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que instruye causas como la 'Operación Pokémon', con el apoyo de la Xunta de Galicia, tras las quejas de la titular del mismo, Pilar de Lara Cifuentes.

Así lo ha manifestado el vocal territorial del CGPJ, Juan Manuel Fernández, a preguntas de los medios sobre las quejas que la jueza instructora de la 'Pokémon' en relación a la retirada de personal de refuerzo.

Fernández, con motivo de su asistencia a la inauguración del nuevo edificio judicial de Ourense, ha detallado que un informe de inspección, "ya citado por la magistrada De Lara", puso de relieve en primer lugar, que las medidas de refuerzo del juzgado "no han dado los frutos necesarios y esperados, por razones que ahora no vienen al caso", lo que exige un "replanteamiento" de la situación para "atender ese problema".

El refuerzo consistió en un juez y funcionarios para tramitar asuntos ordinarios y permitir que la magistrada titular pudiese centrarse en causas de especial complejidad. El actual equipo del CGPJ acordó en 2013 mantenerlo, pero, tras su revisión a finales de 2014, decidió "ponerle fin" ante la falta de resultados fructíferos.

En el mismo sentido, ese informe de inspección "apunta" como "opción y probabilidad" la adscripción a ese juzgado lucense de un JAT "para reforzar" la labor de los juzgados. "Se tratará de hacerlo en el menor tiempo posible pero, en este momento, no puedo decir con precisión cuánto tiempo será, pero es una preocupación y una necesidad y espero que sea en plazo breve", concluyó.

Contacto con la xunta

Según ha manifestado el vocal del CGPJ, la Xunta de Galicia "colaborará" con los medios que sean necesarios "en apoyo a las medidas que se adopten en el CGPJ", según "conversaciones mantenidas en las últimas horas" con responsables autonómicos.

En este sentido, se ha referido a la necesidad, en el CGPJ, de "reflexionar" y ver porqué no funcionaron los planes de refuerzo anteriores, que los órganos judiciales decidieron suspender a finales de 2014, "y qué hay que hacer para conseguir tramitaciones eficaces" de las causas de especial complejidad, pero también para conseguir la "plena normalidad" en los temas ordinarios del juzgado lucense porque en esas otras causas "se ventilan intereses públicos y privados amparados por el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".

Fernández ha detallado la situación de Lugo y de otros juzgados y ha agradecido la política de la Xunta de impulsar la "modernización y mejoras de eficacia" en la Justicia. Y todo ello en un contexto y situación de dificultad económica "en la que hay que priorizar los recursos, ha abundado.

MÁXIMO 18 MESES

El vocal del CGPJ, a preguntas sobre la directriz explicada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de limitar la fase de instrucción de las macrocausas a 18 meses, ha aludido al "grave problema" de la duración de los procesos de instrucción porque a los imputados "les ocasiona un lógico perjuicio, sin olvidar que estando amparados por la presunción de inocencia, en la opinión pública se les tiene como culpables".

Esos procesos largos de instrucción también "suponen una merma de la confianza ciudadana" en la Administración de Justicia "y parece equipararse con impunidad", ha considerado. En ese sentido, ha manifestado que fijar un plazo para la instrucción es "razonable" y ya está en la Ley de Enjuiciamiento criminal vigente.

El CGPJ "ya hizo saber" al Ministerio de Justicia que para "que sea realidad y el plazo se pueda exigir" es "necesario" un contexto de modernidad y "contar con los medios y recursos necesario".

"De nada vale poner plazos que no se puedan cumplir", ha subrayado, por lo que ya se presentó la petición de los recursos correspondientes, y ha detallado que un juez en esos casos tiene que tener el apoyo de peritos expertos en temas financieros, contables y otros, y contar con recursos técnicos y organizativos "propios de la época en la que vivimos, sólo así tendrá sentido limitar las instrucciones".

También ha aludido a la necesidad "expresada continuamente" por el CGPJ de un nuevo modelo de organización judicial "que permita ser más eficientes" y a la "espera de lo que impulse el Gobierno" después de que el diseño del anterior ministro de Justicia "no prosperase", ha concluido.