La concejal delegada de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento hispalense, Asunción Fley, ha defendido ante el PSOE que "los titulares de los arrendamientos de locales de renta antigua eran plenamente conscientes del plazo establecido por la Ley, que era de 20 años, y el Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de rescisión de determinados contratos no por su voluntad unilateral, sino porque es una exigencia legal a cuyo cumplimiento estaba obligada esta Administración".

Además, según avisa la concejal, a los interesados se les comunicó no sólo con la publicación en el BOP, sino mediante notificadores municipales. No obstante, expone que se ha mantenido "una comunicación y diálogo constante" con ellos, como demuestra el hecho de que se han estimado algunas de las alegaciones presentadas, por lo que hasta 13 contratos no se resuelven con esa fecha, sino que a cada uno le corresponde una fecha de resolución diferente según el caso".

Fley ha recordado además que "los locales municipales con contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985, es decir, los afectados por este plazo, únicamente eran 39, de los cuales sólo 20 estaban abiertos y 19 cerrados. Y además, 13 de ellos no han quedado resueltos en esta fecha, después del proceso de comunicación abierto con los arrendatarios. "Todas las consultas realizadas por ellos se han atendido, informándoles del contenido del acuerdo, mostrándoles los expedientes administrativos y resolviendo sus dudas. Incluso todos los locales abiertos al público cuyos contratos se han extinguido han sido visitados por personal del Ayuntamiento, para explicar directamente a los ocupantes sus derechos de adjudicación preferente y en su defecto de indemnización".

Por otro lado, la delegada ha indicado que "la intención de este Gobierno es volver a arrendar los locales de negocio cuyos contratos se han extinguido, según el procedimiento de pública concurrencia legalmente establecido. Como excepción, algunos locales pudieran adscribirse a los distritos para el cumplimiento de sus fines de fomento del asociacionismo vecinal, pero esto en ningún caso afectaría a locales de negocio que estuviesen abiertos al público como tales".

Respecto a los nuevos contratos, Fley ha aclarado que "se están elaborando dos pliegos distintos para las adjudicaciones, uno para los locales abiertos al público, en el que se regula la forma de ejercitar el derecho de adjudicación preferente por el anterior arrendatario, y, en su defecto, su derecho a indemnización por el nuevo adjudicatario; y otro para los locales cerrados y que, por tanto, no dan lugar al ejercicio de ningún derecho de adjudicación preferente ni indemnización. El precio de licitación será fijado por los técnicos municipales según lo previsto por la Ley del Suelo y la normativa urbanística de desarrollo. No obstante, a los interesados que han preguntado se les ha facilitado una estimación del importe aproximado en base a los datos de las últimas valoraciones efectuadas de dichos inmuebles".

Fley ha añadido que "incluso para aquellos locales abiertos sobre los que tenemos constancia del interés del arrendatario en ejercer su derecho de adjudicación preferente, se está planteando, a fin de evitar perjuicios innecesarios en su actividad, la posibilidad de acordar una autorización temporal para que continúen en posesión del local en precario hasta la adjudicación del nuevo contrato".