El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó hoy proseguir con el procedimiento abierto contra tres militares estadounidenses por su presunta implicación en la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad (Irak), el 8 de abril de 2003, al rechazar la solicitud del fiscal de archivar la causa.

Pedraz adopta esta decisión en un auto en el que desestima el recurso del fiscal Jesús Alonso pidiendo ese archivo, y confirma así el procesamiento de los tres militares a los que considera responsables de las muerte del cámara:

  • El sargento Thomas Gibson.
  • El teniente coronel Philip de Camp.
  • El capitán Philip Wolford.

De hecho, al juez le "llama la atención el cambio de posición ahora adoptado por el Ministerio Fiscal", ya que en su momento no se opuso a las órdenes de detención a efectos de extradición que dictó contra los tres militares y eso, "lógicamente", significaba que "estaba de acuerdo" con la decisión "y, en consecuencia, que estimaba que el delito existía y que además los militares señalados eran responsables del mismo".

Delito grave

"Es más", destaca el auto, el pasado 24 de abril el juez acordó transformar las diligencias en sumario, "también con la anuencia del Ministerio Fiscal", que "nada opuso", lo que asimismo, en opinión de Pedraz, "significaba que seguía estimando que los hechos revestían caracteres de un delito grave".

El Ministerio Fiscal sigue considerando la existencia del delito

"Entonces, también en ese momento, el Ministerio Fiscal seguía considerando la existencia del delito y la responsabilidad de aquellos" y "sin embargo, unos días después sin que se haya practicado diligencia alguna (...) que aporte dato nuevo en la instrucción de la causa, considera todo lo contrario".

Por ello,"sentado, con la anuencia del Ministerio Fiscal durante casi cuatro meses, que existía el delito", "el siguiente trámite procesal consecuente —agrega— es el procesamiento de los imputados si es que existe algún indicio racional de criminalidad".

Acto intencional doloso

Para solicitar el archivo, el fiscal alegaba que los hechos no revisten "un acto intencional doloso dirigido a causar la muerte de personas civiles protegidas, sino de un acto de guerra realizado contra un enemigo aparente, erróneamente identificado", por lo que estimaba que no constituyen un delito de asesinato con alevosía y otro contra la comunidad internacional.

En opinión del fiscal, "los indicios racionales de criminalidad deben apoyarse en algo más que unas vagas declaraciones de testigos que, por su propia ubicación, nada han visto o podido ver".

Para Pedraz "en la causa consta, como se señaló en el auto de procesamiento, no sólo 'algún' indicio, sino varios contra los procesados, sin que el 'informe' remitido por las autoridades de EEUU pueda considerarse un 'contraindicio' que desvirtúe aquellos, sencillamente porque más que un informe es más un resumen de hechos y conclusiones".

Respuesta desproporcionada

Las autoridades de EEUU han negado su colaboración

Así, asegura que "no puede apreciarse ni autodefensa ni respuesta proporcionada, al no existir ataque previo ni riesgo conocido contra las tropas norteamericanas, ni la posible 'imprudencia' alegada por el Ministerio Fiscal, máxime si desde que se dice que se vio al 'ojeador' hasta que se dispara transcurre un dilatado tiempo para analizar la situación".

Además sostiene que los argumentos del fiscal decaen "desde el momento que las autoridades de EEUU han negado su colaboración, de forma que se nos ha vedado contar con lo que los procesados nos puedan decir sobre lo que vieron (...) o si obedecían órdenes".