La eurodiputada y secretaria de Rescate Ciudadano del Consejo de Coordinación de Podemos, Tania González, ha asegurado este lunes que su formación ha dado por "zanjada" la polémica que ha rodeado al cofundador y secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos, Juan Carlos Monedero, en relación a sus trabajos de consultoría para el Banco del ALBA.

"Entendemos que con las explicaciones que se han dado es un tema que está zanjado. Se nos ha pedido explicaciones, y las explicaciones se han dado", ha afirmado durante la rueda de presa que ha ofrecido en el Círculo de Bellas Artes tras la reunión de la Ejecutiva de Podemos.

Así, González ha reconocido que lo "único" que se les podría "achacar como error" es no haber ofrecido antes una aclaración. "Pero son explicaciones, que es lo importante, que aclaran bien todos los aspectos sobre los cuales había duda. Es un tema que para nosotros está zanjado", ha reiterado.

En esta línea, González no ha querido pronunciarse sobre el hecho de que Monedero afirmara el pasado viernes que firmó su contrato con el Banco del ALBA en 2013, a pesar de haber señalado días antes que los más de 400.000 euros que recibió de su asesoría a países latinoamericanos correspondían a trabajos realizados en 2010.

"Él lo ha explicado bien. No conozco mejor que él su caso. No lo voy a hacer mejor, las declaraciones son públicas y ahí están", ha afirmado, tras insistir en que dichas explicaciones ya se dieron "con exhaustividad.

La eurodiputada ha cuestionado, además, la detención llevada a cabo en Venezuela del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, al asegurar que a su formación no le "gusta" que se detenga alcaldes o cargos políticos "en ningún país ni en ningún lugar del mundo". Así lo ha puesto de manifiesto al ser preguntada sobre la detención de Ledezma y sobre el hecho de que el líder de la oposición en Venezuela, Leopoldo López, lleve un año en prisión.

"Sobre el tema de Venezuela, entendemos que no nos gusta que se detenga alcaldes o cargos políticos en ningún país ni en ningún lugar del mundo", ha afirmado, para defender asimismo que "cualquier proceso judicial que tiene que ver con un cargo político" debe pasar "por la máxima transparencia, la máxima celeridad y las máximas garantías procesales".