Cuatro jóvenes 'okupan' desde hace diez días un chalé de dos plantas, situado en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, en el que entraron aprovechando que la propietaria, una mujer de
87 años, se encontraba ingresada en una residencia por motivos de salud.

El nieto de la propietaria asegura que viven un grupo de punkies en ella

"El piso no estaba deshabitado", aseguró el nieto de la propietaria del inmueble, José Miguel Torres Lara, quien añadió que "lo que pasa es que desde hace cuatro meses el chalet tenía un uso irregular", desde que su abuela, Dolores Gómez Medina, fue ingresada en una residencia.

Torres Lara explicó que los hijos y nietos de la anciana "iban de vez en cuando a la casa" hasta que el 12 de mayo una de las nietas descubrió que había dos parejas de jóvenes "con aspecto punki" viviendo en el chalet. 

La misma persona comprobó cómo los 'okupas' habían cambiado "de alguna manera" la cerradura del inmueble, "se habían instalado a vivir e incluso estaban pintando las paredes", relató Torres Lara.

El nieto de la propietaria explicó que, cuando los familiares intentaron dialogar por primera vez con los 'okupas' éstos respondieron burlonamente que la casa estaba deshabitada y les instaron a "denunciar el caso a la policía", si querían.

Han cambiado la cerradura y han amenazado a los familiares con bates de béisbol, según denuncian los nietos

Posteriormente, en una ocasión en que Torres Lara acudió en solitario al domicilio, apareció, según su relato, un grupo de 15 "punkies" armados con "barras de hierro y bates de béisbol" que le amenazaron con golpearlo si insistía en entrar a la vivienda.

Barrio asustado

"El barrio está asustado", declaró el nieto de la propietaria.

"La justicia es muy lenta", lamentó Torres Lara, y explicó que tras descubrir la 'okupación' presentó una denuncia en el juzgado de instrucción número 23.

La asesora legal de la familia de Dolores Gómez, María José Martín, explicó que la policía no puede intervenir "sin una orden judicial" y explicó que recientemente habían pedido "una tramitación de urgencia" por la vía de lo penal, tras lo cual esperaban "obtener respuesta en el plazo de una semana o diez días", lo que podría significar una pronta resolución del conflicto.