La Fiscalía solicita penas que suman más de 14 años para un matrimonio de empresarios de Siero por apoderarse de más de 2 millones de euros de una mercantil y de defraudar a Hacienda más de 900.000 euros.

En el banquillo se sentará el empresario por apropiación indebida en la mercantil de la que era socio y fraude fiscal, así como su esposa, a la que se acusa de participar activamente en la apropiación del dinero y de ocultar gran parte de los ingresos obtenidos por la pareja en 2007 y 2008.

La vista oral está señalada para este lunes, 23 de febrero, en la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas, según indican desde Fiscalía.

El acusado, domiciliado en el concejo de Siero, durante los años 2007 y 2008 era socio mayoritario, presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de una mercantil constituida el 11 de junio de 2002 con el objeto social de "solicitar y obtener y administrar franquicias, así como desarrollar marcas y patentes de todo tipo de productos y registrarlas nacional e internacionalmente", aunque su actividad era la de prestamista. Su domicilio social estaba fijado en Madrid. Además de con esta mercantil, el acusado estaba vinculado con otras cuatro sociedades, una de ellas administrada por su esposa.

La Fiscalía sostiene que el acusado se apoderó, tras operaciones realizadas en 2007 y 2008, de 2.225.000 euros de la mercantil, con la participación activa de su esposa. Además, mantiene que defraudó a la Hacienda Pública una cantidad total de 916.227,32 euros en sus declaraciones por el IRPF de los años 2007 y 2008 (por lo que está acusada también su esposa) y por el Impuesto de Sociedades de la empresa correspondientes a los mismos años.

Así, la Fiscalía considera que el empresario es autor de un delito de apropiación indebida y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, mientras que su esposa es autora de un delito de apropiación indebida y de dos delitos contra la Hacienda Pública.

Por ello, pide una pena total para el acusado de 8 años y 11 meses de prisión, multas por valor de 918.147,32 euros y pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 12 años, más las costas procesales.

En la misma línea, para su esposa solicita una pena total de 5 años, 5 meses y 15 días de prisión, multas por valor de 472.513,26 euros y pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años, más las costas procesales.

Igualmente, se reclaman al acusado indemnizaciones por 3.141.227,32 euros. De ellos, 2.695.593,26 habrá de devolverlos de forma conjunta y solidaria con su esposa, el resto de forma individual, con responsabilidad directa de la mercantil.