El presidente provincial del PP de Pontevedra y de la Diputación Provincial, Rafael Louzán, está a la espera de que el juzgado le cite a declarar por presunto cohecho en el alquiler de unos inmuebles en Vigo, tras ser rechazada su petición de archivo de esta causa. "A día de hoy no me escuchó nadie", ha señalado Louzán, quien ha asegurado que ha actuado "de manera reglamentaria, que no hay infracción de Hacienda ni de ámbito tributario y todo está en regla".

Louzán se ha quejado de que ni él ni sus representantes legales tienen "ninguna resolución" ni "constancia de nada", y que se enteró del comunicado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) "por un teletipo", cuando se encontraba en el comité de dirección del PP en Santiago. "Lo lógico y normal", para el presidente de la Diputación de Pontevedra, "sería que tuviera conocimiento de que se desestima la petición de archivo a través de los canales oportunos para estos casos".

No obstante, Rafael Louzán ha expresado su "máximo respeto por la decisión judicial" y ha insistido en que la situación del caso está "dentro de la normalidad procesal". Louzán ha atribuido la trascendencia y repercusión del auto judicial a su notoriedad —"que no creo que sea tanta", ha añadido— y ha señalado que "a cualquiera le sorprende que la notificación sea de esta manera, un viernes a las seis de la tarde", ha precisado.

ámbito privado

Rafael Louzán ha asegurado que el caso por el que están siendo investigados su esposa y él pertenece al "ámbito privado" y que "para la gestión de los intereses de de la institución" que preside, en referencia a la Diputación de Pontevedra, "esa actividad privada no tiene nada que ver".

Louzán ha mostrado su confianza en que "al final los datos se conocen" y ha explicado que cuando se le cite para declarar podrá aportar documentación argumentando que "hay precios exactamente iguales en la misma zona y el mismo edificio".

Para Louzán, a pesar de que "la parte denunciante entiende que se pagan unos alquileres por encima del precio del mercado", su versión es que se trata de "un acuerdo entre dos partes" y que "la parte que alquila" -e-l diputado provincial Severino Reguera, que también está afectado por la investigación judicial— alquiló otros locales "al mismo precio".