El coordinador de IU en Castilla y León, José María González, y representantes de UGT y CC.OO se han felicitado hoy de que la proposición de ley que los tres grupos parlamentarios aprobarán en el próximo pleno en las Cortes, dirigida a modificar en esta legislatura la regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, permitirá que entre 7.700 y 8.000 ciudadanos de la Comunidad puedan pedir compatibilizar la RGC con la percepción de otros subsidios parciales.

Los 93 millones adicionales que Castilla y León percibirá a través del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) ha llevado ahora al PP a aceptar esta proposición que IU no pudo sacar adelante como enmienda parcial a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2015, ya en vigor, y que finalmente verá la luz gracias también a las negociaciones mantenidas en las últimas semanas en el marco del Diálogo Social.

Precisamente, el representante de IU, que se ha reunido hoy en su despacho de las Cortes con los secretarios de Acción Sindical de CC.OO y de Política Institucional de UGT, Vicente Andrés y Óscar Lobo, respectivamente, a quienes ha expresado su gratitud por la "lucha y presión" ejercida por ambos sindicatos para la consecución de un acuerdo que, como así ha subrayado, beneficiará a aquellos ciudadanos de Castilla y León que "han perdido su derecho al trabajo, a la prestación por desempleo y que perciben un subsidio parcial que no les permite vivir con dignidad".

El político de IU ha precisado que dicha modificación se traducirá en que aquellos que perciben ayudas de la Administración central podrán complementar éstas con la RGC, sin rebasar en ningún caso los 426 euros estipulados en la prestación que aprobará la Junta de Castilla y León.

"El motivo por el cual el PP ha variado su inicial oposición mes es indiferente, lo importante es el derecho adquirido por casi 8.000 ciudadanos en la Comunidad", ha aseverado González.

Incrementar la cuantía

En idéntico sentido se han pronunciado los representantes de UGT y CC.OO, para quienes, en palabras de Vicente Andrés, la modificación legal pactada supone rescatar a un colectivo muy importante que había quedado atrapado en una situación de indefensión al no poder compatibilizar las ayudas de la Administración central y de la Junta.

"Hablamos de personas que perciben 50, 60 u 80 euros que no podían acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía al estar atrapados entre dos derechos", ha advertido el representante de CC.OO, mientras que Óscar Lobo, de UGT, ha expresado igualmente su satisfacción ante la consecución del acuerdo pero ha advertido de que su organización seguirá luchando por incrementar los 426 euros estipulados.

En cualquier caso, Lobo ha incidido en que la modificación de la RGC supone una "ampliación de derechos" que contribuirá a atender muchos casos de vulnerabilidad e injusticia social de personas que hasta ahora recibían ayudas condicionadas, "algo que va a dejar de ser una cuestión graciable o subjetiva de la administración", ha sentenciado.