El vuelco en la política de privatizaciones anunciado por el primer ministro, Alexis Tsipras, genera incertidumbre en la Unión Europea, ya que dentro del mismo Gobierno de Grecia no hay consenso sobre qué propiedades públicas deben venderse.

Una de las primeras medidas anunciadas por el nuevo Gobierno a los pocos días de asumir sus funciones fue anunciar la detención de todos los proyectos de privatización, con el objetivo de analizarlos uno a uno. Se trataba, por un lado, de evitar que continuara la venta de las "joyas de la corona" a precios irrisorios y, por el otro, de evaluar qué proyectos deben quedarse en manos del Estado por tener relevancia "pública".

En una entrevista con la revista alemana Stern, Tsipras recordó esta semana que el objetivo inicial del programa de privatizaciones acordado por el Gobierno de Andonis Samarás con la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional) era recaudar nada menos que 50.000 millones de euros. "Tres años más tarde, el total llega a 5.000 millones", explicó Tsipras, quien cuestionó así el éxito del acuerdo con la troika.

El primer ministro recalcó que para el nuevo Gobierno no solo es importante que no se malvendan las propiedades estatales, sino mirar con lupa que no se privaticen activos que son de "interés público". Es en este punto donde comienzan las distintas interpretaciones dentro del propio Gobierno.

En su intervención en las dos reuniones del Eurogrupo, el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, recalcó que el Gobierno se regirá única y exclusivamente por criterios de "mérito" a la hora de analizar "uno a uno" los proyectos que el Gobierno incluyó en su lista de privatizaciones.

En la cartera de los activos que Samarás puso a la venta no figuran solo los controvertidos puertos, aeropuertos y ferrocarriles, energéticas y las empresas del agua, sino marinas, campos de golf, infraestructuras olímpicas y propiedades en el casco histórico de Atenas.

Varufakis recalcó ante sus socios que el análisis de los proyectos se realizará "sin dogmas", algo que contradice la versión de Tsipras, quien ha dejado claro que el Gobierno quiere que "el Estado controle los sectores clave de la economía griega con el fin de obtener beneficios".

En la citada entrevista con el semanario alemán, Tsipras fue concreto, y al ser preguntado por la recién anunciada paralización de la venta de 14 aeropuertos regionales, por los que puja la alemana Fraport, el primer ministro reconoció que la oferta de 1.000 millones era "justa", pero añadió que "los aeropuertos son parte" de su "industria turística", el mayor sustento de la economía griega, y que por ello hay que "reconsiderar" esa licitación.

Diferencias de interpretación de lo que es interés público han surgido también en otros proyectos del gran programa de privatización.

Así, el ministro de Reconstrucción Productiva, Panayotis Lafazanis, del ala más radical del izquierdista Syriza, prometió nada más asumir el cargo que detendrá la privatización de las compañías de producción de electricidad y gas, pero no aclaró qué ocurrirá con la empresa encargada del transporte de gas, adjudicada ya a la azerbaiyana Socar.Lafazanis señaló que esto último lo dejará en manos de lo que decida la Comisión Europea, cuya oficina de competencia analiza el caso.

Mucha incertidumbre ha causado además la venta del 67 % de las acciones de la autoridad portuaria de El Pireo, por la que puja fuertemente la china Cosco, que en 2008 se adjudicó ya la gestión por 35 años de las dos principales terminales de contenedores.

En su intervención ante los socios del Eurogrupo, Varufakis aseguró que todas las informaciones aparecidas en la prensa sobre la retirada de este proyecto "no podrían estar más lejos de la verdad". El ministro aseguró que se va a fomentar toda inversión directa extranjera en el puerto, siempre y cuando quede asegurado que el Estado griego tiene garantizados ingresos "a largo plazo" y se respeten criterios laborales y medioambientales.

El ministro adjunto de la Marina Mercante, Theodoris Dritsas, había sostenido, en cambio, que el Gobierno se había comprometido a "detener la privatización" de los puertos de El Pireo y de Salónica.