Aragón es la tercera comunidad autónoma con peor valoración en la atención a la dependencia, según el XIV Dictamen Observatorio Dependencia, fechado en diciembre de 2014 y realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

La Comunidad aragonesa obtiene una nota de un 3,3 sobre diez y solo están por detrás Canarias y Comunidad Valenciana, con un 1,7, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, también con 1,7. Este informe valora doce parámetros, como la velocidad de gestión y el número de personas atendidas.

Entre los aspectos negativos, se encuentra que el gasto público en dependencia por habitante y año en Aragón es de 83,52 euros, ocupando la Comunidad el quinto puesto por la cola y situándose por debajo del 90 por ciento del gasto medio estatal.

También está entre las cinco peores en lo que se refiere a personas con derecho y pendientes de atención. Asimismo, se ha reducido el número de dictaminados en Grado III.

Como aspectos positivos, el informe menciona la integración efectiva en la red de servicios sociales básicos, la presencia de buenas prácticas e innovación y el equilibrio entre los servicios y las prestaciones económicas, que está entre el 40 y 60 por ciento.

Datos comparativos diferentes

El Gobierno de Aragón ha indicado sobre este informe que hay menos personas atendidas porque hasta 2011 la Comunidad "cobraba del Estado prestaciones por 7.304 personas fallecidas", que el actual Ejecutivo dejó de contabilizar, pero que se continúan utilizando para hacer comparativas en la gestión.

Además, desde el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia han subrayado que "se ha incrementado el ratio de servicios frente al de prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar", pasando los primeros del 37,87 por ciento en diciembre de 2012 al 46,81 por ciento en noviembre de 2014.

En esta línea, han mencionado la aportación presupuestaria para finalizar las obras de acondicionamiento de la residencia de Movera y su puesta en marcha "a principios de 2015, con 85 plazas para dependientes" y los 7,6 millones de euros destinados para los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia a través de las entidades locales.

En lo que se refiere a las personas con discapacidad, ha habido "un incremento de 1,6 millones de euros en la dotación para plazas concertadas", han sostenido las mismas fuentes.

Ranking de comunidades

El XIV Dictamen del Observatorio de la Dependencia elabora un ranking en el que, para 2014, Castilla y León, País Vasco y Andalucía son las Comunidades que obtienen una mejor calificación, con más de siete puntos sobre diez, en el desarrollo del sistema de Dependencia, mientras.

Así, precisa que "se siguen apreciando graves diferencias entre la gestión de una y de otras Comunidades autónomas" y "especialmente se aprecia que las que tenían un recorrido mínimamente aceptable antes de 2012 han resistido relativamente bien el severo impacto de las 'reformas'", mientras que las Comunidades que llevaban un retraso considerable, no han podido mejorar", explica.

En este sentido, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha advertido de que las Comunidades autónomas han dejado de percibir 1.409 millones de euros en financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la ley de dependencia en lo que va de legislatura "como consecuencia de los recortes".

En un nuevo informe, la organización expone que este "quebranto económico" se ha producido a lo largo de los últimos tres años como consecuencia de la supresión, en 2012, del nivel acordado de financiación de Sanidad a las Comunidades autónomas para dependencia y el recorte del nivel mínimo que les transfiere (un 13 por ciento del gasto).

"Considerando que la Administración General del Estado ha transferido en estos tres años un total de 3.753,1 millones de euros finalistas para las Comunidades autónomas (Nivel Mínimo), el ahorro (recorte acumulado) para las arcas estatales ha supuesto un 27,3 por ciento", afirma esta organización.

Según critica, "esta desinversión ha dejado en una dificilísima posición a todas las comunidades autónomas sin excepción, que son la responsables últimas de la atención o desatención que prestan a las personas dependientes". Andalucía, con una merma de 342 millones, y Cataluña, con 240 millones menos, son "las más perjudicadas".

El informe añade que si al descenso de la financiación estatal se suma el recorte directo acumulado en las cuantías a percibir por las personas dependientes con prestación por cuidados familiares (967,3 millones de euros), "la desinversión pública en el sistema se elevaría a 2.276,2 millones de euros", que habrían dejado de entrar en el sistema de dependencia.