Cantabria lideró en 2014 el gasto público en dependencia por habitante y año, con 184 euros —descontado el copago—, por encima de los 104 euros de la media nacional según el XIV Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia.

Dicho informe ha sido remitido por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha denunciado que las comunidades autónomas han dejado de percibir 1.409 millones de euros -26,1 millones en Cantabria- en financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la ley de dependencia en lo que va de legislatura "como consecuencia de los recortes".

Cantabria es, además, la segunda región en la que más se incrementó el número de personas beneficiarias sobre el total de población, con un 2,38%, por detrás únicamente de Castilla y León, que se anotó a finales del año pasado un repunte del 2,49%.

Pero si se tiene en cuenta el número de solicitudes y dictámenes sobre el total de población, Cantabria desciende al octavo puesto de la tabla, con un 3,8%, mientras que por personas con derecho reconocido pero pendientes de atención está en cuarto lugar, con un 8%.

Si se mide el equilibrio entre los servicios y las prestaciones económicas, Cantabria se posiciona hacia el final del ranking, con un índice del 58%, con seis puntos de diferencia sobre la media nacional (52,1%).

El informe señala que Cantabria no está integrada de manera efectiva en la red de servicios sociales básicos, carece de buenas prácticas acreditadas por el Observatorio, tampoco tiene sistemas de información en tiempo real ni un seguimiento sistematizado de la situación.

Finalmente, el número de personas atendidas en la comunidad autónoma descendió un 5,6% en términos interanuales, más que el 3,3% de la media. Y en similar medida (-5,7%) evolucionaron en la región los expedientes de grado III.

Con todo lo anterior, Cantabria obtiene una puntuación de 5,5, situándose en novena posición junto a Cataluña. Se trata de la misma nota lograda en diciembre de 2008.

Datos nacionales

En un nuevo informe, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales expone en relación a los recortes en el conjunto del país que este "quebranto económico" se ha producido a lo largo de los últimos tres años como consecuencia de la supresión, en 2012, del nivel acordado de financiación de Sanidad a las comunidades autónomas para dependencia y el recorte del nivel mínimo que les transfiere (un 13% del gasto).

"Considerando que la Administración General del Estado ha transferido en estos tres años un total de 3.753,1 millones de euros finalistas para las comunidades autónomas (Nivel Mínimo), el ahorro (recorte acumulado) para las arcas estatales ha supuesto un 27,3%", afirma esta organización.

Según denuncia, "esta desinversión ha dejado en una dificilísima posición a todas las Comunidades Autónomas sin excepción, que son la responsables últimas de la atención o desatención que prestan a las personas dependientes". Andalucía, con una merma de 342 millones, y Cataluña, con 240 millones menos, son "las más perjudicadas".

El informe añade que si al descenso de la financiación estatal se suma el recorte directo acumulado en las cuantías a percibir por las personas dependientes con prestación por cuidados familiares (967,3 millones de euros), "la desinversión pública en el sistema se elevaría a 2.276,2 millones de euros", que habrían dejado de entrar en el sistema de dependencia.

El trabajo desglosa la situación del sistema de dependencia por comunidades autónomas aplicando una serie de indicadores que van del número de beneficiarios atendidos o en lista de espera al grado de equilibrio entre prestaciones económicas y servicios reconocidos, pasando por el gasto público por dependiente y año o la existencia de un seguimiento de los datos a tiempo real.

Con este marco, elabora un ranking en el que para 2014, Castilla y León, Euskadi y Andalucía son las comunidades que obtienen una mejor calificación (más de siete puntos sobre diez) en el desarrollo del sistema de Dependencia, mientras la Comunidad Valenciana, Canarias y Aragón ocupan los tres peores lugares.

Ceuta y Meilla, que se analizan aparte porque la gestión corresponde directamente al IMSERSO, ocupan la tercera peor posición, entre Canarias y Aragón.

"Se siguen apreciando graves diferencias entre la gestión de una y de otras comunidades autónomas. Especialmente se aprecia que las que tenían un recorrido mínimamente aceptable antes de 2012 (en velocidad de gestión, nº de personas atendidas, etc.) han resistido relativamente bien el severo impacto de las "reformas". Por el contrario, las comunidades que llevaban un retraso considerable, no han podido mejorar", explica.