La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado este jueves que Baleares ha dejado de percibir 25,3 millones de euros en financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la ley de dependencia en lo que va de legislatura "como consecuencia de los recortes".

En un informe, señalan que todas las comunidades autónomas han dejado de percibir 1.409 millones de euros. Además, indica que en las Islas hay un 1,04 por ciento de personas beneficiarias de dependencia sobre el total de la población, por debajo de la media estatal.

No obstante, en Baleares hay un 2,2 por ciento de solicitudes de dependencia en relación al total de la población, y un 2,08% de dictámenes, ambos por debajo de la media. Asimismo, hay un 17,9 por ciento de personas con derecho y que están pendientes de atención.

También el gasto público se encuentra por debajo de la media estatal (104,49%), al registrar las islas un gasto de 60,60 euros en dependencia, por habitante y año.

Datos nacionales

La organización expone que este "quebranto económico" se ha producido a lo largo de los últimos tres años como consecuencia de la supresión, en 2012, del nivel acordado de financiación de Sanidad a las comunidades autónomas para dependencia y el recorte del nivel mínimo que les transfiere (un 13 por ciento del gasto).

"Considerando que la Administración General del Estado ha transferido en estos tres años un total de 3.753,1 millones de euros finalistas para las comunidades autónomas (Nivel Mínimo), el ahorro (recorte acumulado) para las arcas estatales ha supuesto un 27,3 por ciento", afirma esta organización.

Según denuncia, "esta desinversión ha dejado en una dificilísima posición a todas las Comunidades Autónomas sin excepción, que son la responsables últimas de la atención o desatención que prestan a las personas dependientes". Andalucía, con una merma de 342 millones, y Cataluña, con 240 millones menos, son "las más perjudicadas".

El informe añade que si al descenso de la financiación estatal se suma el recorte directo acumulado en las cuantías a percibir por las personas dependientes con prestación por cuidados familiares (967,3 millones de euros), "la desinversión pública en el sistema se elevaría a 2.276,2 millones de euros", que habrían dejado de entrar en el sistema de dependencia.

El trabajo desglosa la situación del sistema de dependencia por comunidades autónomas aplicando una serie de indicadores que van del número de beneficiarios atendidos o en lista de espera al grado de equilibrio entre prestaciones económicas y servicios reconocidos, pasando por el gasto público por dependiente y año o la existencia de un seguimiento de los datos a tiempo real.

Con este marco, elabora un ranking en el que para 2014, Castilla y León, Euskadi y Andalucía son las comunidades que obtienen una mejor calificación (más de siete puntos sobre diez) en el desarrollo del sistema de Dependencia, mientras la Comunidad Valenciana, Canarias y Aragón ocupan los tres peores lugares.

Ceuta y Melilla, que se analizan aparte porque la gestión corresponde directamente al IMSERSO, ocupan la tercera peor posición, entre Canarias y Aragón.

"Se siguen apreciando graves diferencias entre la gestión de una y de otras comunidades autónomas. Especialmente se aprecia que las que tenían un recorrido mínimamente aceptable antes de 2012 (en velocidad de gestión, nº de personas atendidas, etc.) han resistido relativamente bien el severo impacto de las "reformas". Por el contrario, las comunidades que llevaban un retraso considerable, no han podido mejorar", explica.