El Grupo Socialista en las Cortes presentará este jueves una Proposición no de Ley con el fin de instar a la Junta a que impulse las modificaciones normativas necesarias para regular las denominadas 'gasolineras no atendidas', al entender que la nueva fórmula no garantiza los derechos de los consumidores y usuarios y además representa un peligro al tratarse de la manipulación de productos altamente inflamables.

El anuncio lo realizó ayer por la tarde el secretario del PSCyL, Luis Tudanca, al término del encuentro que miembros del Grupo Parlamentario socialista mantuvieron en la sede regional del partido con representantes del sector de la venta de carburantes (Aevecar, Ceees, Avecal, Fereclaes, y las federaciones de Industria de UGT y CCOO), con los que coincidió en que este tipo de estaciones de servicio, que están proliferando en Castilla y León, "genera un enorme perjuicio".

Y es que el líder socialista, en consonancia con la postura del resto de asistentes al encuentro, incidió en que las nuevas estaciones impiden, por un lado, que los usuarios puedan solicitar algo tan simple como una hoja de reclamaciones o los instrumentos de medida homologados para garantizar el funcionamiento de los equipos de medición, algo que ya contempla la actual normativa, pero, además, deja sin servicio a las personas con discapacidad y, sobre todo, puede dar lugar a situaciones de mucho peligro en ausencia de personal cualificado que controle el funcionamiento de un establecimiento en el que se acumulan materiales altamente inflamables.

De ahí la PNL que presentará su formación en las Cortes para que la Junta regule estas gasolineras, que el presidente y vicepresidente de la Agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Avecal), Antonio Cid y Rafael Pizarro, respectivamente, calificaron de "ilegales", al no cumplir las exigencias que la normativa impone al resto de estaciones de servicio atendidas por personal.

Por ello, abogan por una regulación y, fundamentalmente, exigen que estas gasolineras cuenten como mínimo con un responsable al frente. "No estamos hablando de un dispensador de caramelos, hablamos de un establecimiento con sustancias altamente peligrosas, y por ello demandados el cumplimiento de una serie de exigencias y unas medidas de seguridad que se exige al resto", resumió Pizarro.

Retirada total del céntimo sanitario

Los participantes en el encuentro se han dirigido una vez más a la Junta para reclamar la eliminación total del llamado 'céntimo sanitario', desde la "consternación", apuntó Tudanca, de comprobar los efectos que la imposición de este gravamen ha supuesto para el sector y que se ha traducido entre 2012 y 2014 en la desaparición de un 10 por ciento de las estaciones de servicio, la pérdida de medio millar de empleos directos e indirectos y de 2.000 millones de litros menos vendidos, lo que ha supuesto unas pérdidas para las arcas públicas de Castilla y León de 600 millones de euros.

"Sólo con lo que se ha dejado de recaudar podrían haber evitado los recortes de 667 millones de euros en la sanidad de Castilla y León", lamentó Tudanca, quien ha recordado que los efectos de este gravamen ya fueron en su día advertidos a la Junta por el PSCyL, el sector y los técnicos de Hacienda.

Por ello, pese al recorte en dos tercios del impuesto, los socialistas y el sector han exigido su total eliminación y se adopten medidas complementarias para recuperar los usuarios, las ventas y la recaudación. "Cuando te equivocas, lo razonable es dar un paso atrás, en la línea de lo que han hecho comunidades autónomas como Navarra o Cantabria", sentenció Pizarro.