El secretario general del PP de Córdoba y candidato número dos al Parlamento andaluz, Adolfo Molina, ha exigido este miércoles a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "que cumpla con las sentencias judiciales que anulan los despidos de los Agentes Locales de Promoción y Empleo (ALPE) y solucione el grave perjuicio económico que está generando la demora en la ejecución de esos fallos judiciales".

En rueda de prensa, Molina, junto al candidato número cuatro al Parlamento andaluz, Miguel Ángel Torrico, ha mantenido este miércoles un encuentro con representantes del colectivos de ALPE de la provincia de Córdoba, en la que han analizado la "situación precaria" de estos extrabajadores, "que fueron despedidos en 2012 cuando el Gobierno del PSOE desmanteló el programa ALPE de los ayuntamientos".

En la provincia de Córdoba, según ha detallado Molina, el Gobierno de Susana Díaz "dejó a 70 personas sin trabajo y a muchos ayuntamientos sin una figura muy útil en su día a día para el desarrollo de las políticas de empleo, atendiendo y asesorando a nuevos emprendedores. Esta cifra a nivel andaluz asciendo a 800 afectados".

Según ha recordado el dirigente popular, "desde que fueron despedidos, estos empleados públicos están luchando por defender sus derechos, de hecho en los últimos meses se han conocido ya 24 sentencias del Tribunal Supremo en relación con los despidos colectivos de la totalidad de la plantilla de los Consorcios Utedlt".

Esas sentencias, según ha indicado, "declaran nulos estos despidos y aprecian la concurrencia de fraude de Ley y desviación de poder por parte de la Administración de la Junta de Andalucía. La primera sentencia se resolvió el 17 de febrero de 2014, hace ya un año, y todavía están esperando que el Gobierno de la Junta la lleve a efecto, y más grave aún, existen hasta seis autos recientes de ALPE de Cádiz que obligan a la Junta a su readmisión inmediata en el plazo de cinco días, y que todavía no se han llevado a cabo".

Al Gobierno de Susana Díaz, según ha resaltado Molina, "no le queda más remedio que acatar la Ley, cumplir las sentencias y hacer que estos trabajadores se vuelvan a integrar en la Junta de Andalucía. De lo contrario, estaría saltándose a la torera las leyes y los dictados de la Justicia, cosa que por otro lado es habitual en la forma de gobernar del PSOE después de 32 años de poder en Andalucía".

Entre tanto, desde el PP se ha vuelto a mostrar su "apoyo a este colectivo injustamente ninguneado por el Gobierno socialista de Susana Díaz, y le exigimos que gobierne para todos los andaluces, que se ponga al frente de la situación y que no capee a estos trabajadores, que han ganado las batallas limpiamente en los juzgados".

Junto a ello, Adolfo Molina ha trasladado el compromiso del presidente del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "hacer cumplir la Ley, acatar las sentencias judiciales y devolver los derechos que injustamente fueron arrebatados a estos trabajadores, que llevan más de 30 años desarrollando una gran labor en los municipios andaluces y cordobeses".

Además, Molina ha recordado que "todos los ciudadanos estamos pagando de nuestro bolsillo esta decisión del Gobierno de la Junta y un exceso de soberbia que nos va a costar muy caro. En total estamos hablando de 65 millones de euros de esos salarios, por unas incorporaciones que se tenían que haber producido hace un año y que todavía se están dilatando en el tiempo de forma intencionada por los responsables del Gobierno de la Junta".

Para el candidato del PP, "esta no es la mejor forma de velar por los intereses de los andaluces y cordobeses, por eso el cambio cada vez es más necesario en nuestra tierra y solo vendrá de la mano de Juanma Moreno, cuando el próximo 22 de marzo sea el presidente de todos los andaluces".