Sánchez Rubio llama a la implicación de la sociedad civil en la "lucha contra los estereotipos de la enfermedad mental"

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha defendido la necesidad de la implicación y colaboración de la sociedad civil en la "lucha contra los estereotipos de la enfermedad mental" y para la integración de quienes la padecen.
La consejera Sánchez Rubio (2i) visita la unidad de Faisem.
La consejera Sánchez Rubio (2i) visita la unidad de Faisem.
EUROPA PRESS
La consejera Sánchez Rubio (2i) visita la unidad de Faisem.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha defendido la necesidad de la implicación y colaboración de la sociedad civil en la "lucha contra los estereotipos de la enfermedad mental" y para la integración de quienes la padecen.

Así lo ha indicado este miércoles en Jaén antes de visitar la Unidad de Estancia Diurna que la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) tiene en el Cortijo Las Lagunillas, y a la que se han destinado unos 200.000 euros de inversión.

En este centro se atiende a 30 personas de cara a su incorporación al mercado de trabajo, una "fase importantísima" en el marco de la labor que la referida organización realiza y que llega a "todas las necesidades sociosanitarias" de estos enfermos. La misma labor se hace en otra unidad en Linares y a ambas se suman 21 centros de atención diurna, 13 talleres ocupacionales y seis club sociales que atienden a casi 450 personas con enfermedad mental en la provincia.

La consejera ha explicado que cuando surge la enfermedad se atiende a nivel sanitario y después se pasa a un segundo donde este aspecto se mantiene, pero se incorpora la vertiente social y laboral para terminar el proceso de integración. En este sentido, unidades como la de Las Lagunillas son importantes porque, de no abordarse antes, posiblemente ir de forma directa a lo laboral, sea con trabajo protegido u ordinario, "tendría bastantes posibilidades de fracasar".

De este modo, esa atención intermedia se cubre en este tipo de centros, según ha comentado la Sánchez Rubio, que ha destacado la relevancia de la cooperación con las áreas de Salud Mental del SAS y del ámbito de Políticas Sociales, pero también con asociaciones de familiares y pacientes.

"Es fundamental la participación y ese trabajo colaborativo porque en la tarea de integración social, de lucha contra los estereotipos de la enfermedad mental tiene mucho que ver la sociedad civil", ha subrayado. De lo contrario, "si la población no entiende que el enfermo mental es una persona con capacidades y una situación de salud diferentes, pero que se puede incorporar con normalidad si se le dan los apoyos necesarios", habrá "un trabajo aislado" y no se logrará el objetivo.

Para alcanzarlo, además, otra pieza clave es el cumplimiento de la ley en materia de contratación de personas con discapacidad. Al respecto, ha señalado, a preguntas de los periodistas, que "hay que tener unos niveles de exigencia también en las medidas disciplinarias que contempla la ley para cuando no se cumpla ese cupo de reserva" y ello "hacia fuera y hacia dentro".

RESERVA

Al hilo, ha recordado que la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad está en fase de tramitación una vez que el pasado diciembre se aprobó el anteproyecto y recoge "un componente muy importante, que tiene que ver con el empleo en una doble vertiente".

En primer lugar, con el "empleo normalizado con la exigencia de cubrir el cupo de reserva de personas con discapacidad, que en muchísimas empresas la verdad es que no se cumple". "La Administración tiene un cupo con el siete por ciento que tiene, como es lógico, también que cumplirse", ha dicho para aludir a la "ventaja" en este caso, ya que si no se cubren esas plazas, "se acumulan para las siguientes ofertas de empleo público".

Junto a ello, ha valorado que la futura ley contempla una reserva por parte del Gobierno andaluz del cinco por ciento para la contratación con centros especiales de empleo, a través de los que en la actualidad se produce "el 80 por ciento del acceso al empleo de las personas con discapacidad". Con ello se "daría una salida extraordinaria", dado que "en estos momentos de crisis muchos de los trabajos que se vienen a realizar es a base de la contratación pública".

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