Más de un centenar de personas se han manifestado este mediodía frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria para defender el derecho a huelga, un derecho "fundamental e innegociable" para UGT y CCOO, sindicatos convocantes de esta movilización promovida por la Confederación Sindical Internacional.

Los secretarios generales de ambas formaciones en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, respectivamente, han coincidido en la necesidad y pertinencia de defender en estos momentos derechos proclamados en 1952 como son los de huelga y libertad sindical.

Sánchez ha subrayado la importancia de salir a la calle "para decir que la huelga no es delito", y para denunciar las prácticas de algunos gobiernos para "mutilar el derecho de huelga".

"Aquí (en España) no se ha hecho modificando la ley de huelga porque no se han atrevido, pero se están poniendo zancadillas por la vía penal y por la aprobación de la 'ley mordaza' para impedir el ejercicio de libertad sindical y el derecho de huelga", ha subrayado.

En el mismo sentido, Cedrún ha denunciado que desde 2012 algunos empresarios apoyados por ciertos gobiernos están "poniendo en cuestión" estos derechos, a lo que se suman los cambios legislativos del Gobierno del PP en España. "Entre que no se protege el derecho de huelga y se impide el derecho de manifestación, se nos van cercenando no solo los derechos laborales sino las libertades", ha advertido.

La secretaria general de UGT ha recordado que en la Organización Internacional del Trabajo hay 19 denuncias de otros tantos países, incluida una de UGT y CCOO por vulneración del derecho de huelga del Estado Español, lo que en su opinión se merece "una respuesta contundente" tanto en estas movilizaciones como en el seno de la OIT y los tribunales europeos porque los trabajadores "no podemos dejar que se nos arrebate un derecho tan básico como éste".

Escrache a diego

En Cantabria, ha dicho Cedrún, tres afiliados a UGT y dos a CCOOO han sido juzgados y sentenciados por las huelgas generales del 29 de septiembre de 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y la primera al Gobierno de Mariano Rajoy, el 29 de marzo de 2012.

Por su parte, Sánchez ha apuntado que en la región ha habido "una decena" de personas implicadas en asuntos de este tipo, el último, el 'escrache' al presidente regional, Ignacio Diego, por el que están imputadas nueve personas.

Que se pidan para ellos penas de cárcel es "una barbaridad" a juicio de la secretaria general de UGT. "Es una tremenda barbaridad que a quienes se les están recortando derechos y las posibilidades, se les condena a la cárcel y a quienes son los ejecutores de la pérdida de derechos, haya que protegerles de esta manera", ha dicho.

Para el líder de CCOO, se trata de situaciones que "solo se pueden resolver por la vía del diálogo y la negociación, que es lo que se exige a una sociedad madura, democrática y libre, y no atacar el derecho de protesta de la gente por la vía penal". Sánchez ha insistido en que la cuestión "no se resuelve encarcelando a la gente ni criminalizando los derechos fundamentales".