El Fiscal-jefe de Vitoria, Josu Izagirre, afirma que los seis empresarios querellados en el 'caso Hiriko' y la asociación Afipaida, que no tenían experiencia ni infraestructura en la fabricación de automóviles, idearon un plan para apropiarse de fondos públicos "en su propio beneficio".

De esta forma, con el pretexto de poner en marcha el proyecto denominado 'Hiriko' (de coche eléctrico), crearon un entramado societario para que, si éste resultaba exitoso, todos los beneficios revirtieran sobre ellos, y si era un fracaso, las administraciones que lo financiaban prácticamente en exclusiva, "no podrían recuperar los fondos invertidos".

En el escrito, Izagirre formula la querella criminal por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Los querellados son Jesús María Pancracio Echave, Fernando Achaerandio, Francisco Javier Calera, Iñigo Antia, José Luis Bengoetxea y José Barreira, la asociación Afipaida. La querella se dirige también "contra las personas físicas y jurídicas a las que se pudiera imputar responsabilidad penal a lo largo de la investigación judicial".

El escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, señala que los querellados, "sin experiencia, conocimiento ni infraestructura alguna para el diseño y fabricación de automóviles, idearon un plan para, con el pretexto de poner en marcha un proyecto para la construcción de un vehículo eléctrico y que iba a ser sufragado en su práctica totalidad con cargo a fondos públicos, conseguir distraer parte de dichos fondos en su propio beneficio o de aquellas personas físicas o jurídicas que ellos decidiesen". El proyecto se denominó Hiriko.

Entramado societario

El ministerio público destaca que, para la ejecución de este plan, "idearon, en primer lugar, la creación de un entramado societario que lo facilitase y que fueron posteriormente modificando conforme a las necesidades que surgían en su desarrollo".

En este sentido, explica que la configuración y vicisitudes de dicho entramado societario respondían también a "otro propósito", de forma que, en caso de que el proyecto resultase "exitoso, todos los beneficios revertirían en los querellados o las personas físicas o jurídicas que ellos decidieran".

"En caso de que el proyecto resultase un fracaso, las administraciones públicas, que financiaban prácticamente en exclusiva el proyecto, no podrían recuperar los fondos invertidos", asegura. Previamente a todo eso, los querellados, según el escrito, constituyeron varias sociedades mercantiles que, "con posterioridad, tuvieron relación con los hechos objeto de la presente querella".