Policía Municipal de Madrid
Un coche de la Policía Municipal de Madrid. EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho negocio con las multas ilegales de tráfico que cobró entre diciembre de 2010 y abril de 2012. El Consistorio se embolsó no menos de 1 millón de euros por estas sanciones en ese período, sin embargo, y a pesar de que la Justicia declaró ilegal el procedimiento, solo devolverá unos 14.300 euros a 286 conductores, apenas un 0,028% de lo recaudado.

Todo comenzó en noviembre de 2010, cuando el pleno aprobó una nueva Ordenanza de Movilidad que permitía a la Policía Municipal penalizar a conductores que cometiesen infracciones, pero sin pararles ni entregarles el boletín en el momento, siempre que alegasen que se encontraban dirigiendo la circulación o que carecían de medios para perseguir al señalado.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) llevó el caso a los tribunales, alegando que la Ley de Tráfico impedía demorar la notificación por esos motivos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Tribunal Supremo (TS) fallaron a favor de los recurrentes en 2012 y 2014.

El procedimiento de multar sin parar al conductor estuvo vigente durante un año y medioEl procedimiento estuvo vigente durante un año y medio. El Ayuntamiento nunca facilita el desglose de los ingresos por multas, pero Enrique Núñez, delegado de Seguridad, aseguró entonces que la sentencia afectaba a unos 20.000 expedientes.

Suponiendo que todas ellas fueran de tipo leve —sancionadas con 100 euros— y contando con que todos los afectados se hubiesen acogido al pronto pago, que permite descontarse el 50% del importe total, la recaudación habría alcanzado el millón de euros.

Sin embargo, la Administración solo reconoce la devolución a los 286 conductores que, aunque pagaron, siguieron litigando por sus derechos. La cantidad a reembolsar sería de 14.300 euros, con lo que el Ayuntamiento se quedaría con 985.700 euros. Eso, contando el tramo sancionador más bajo, ya que las multas graves y muy graves implican penas de 200 y 500 euros, respectivamente.

"La recaudación fue mucho mayor. Eso era lo que les interesaba. Después, el PP cambió la Ley de Tráfico y legalizó está práctica, pero eso ya no hemos podido recurrirlo. No podemos recurrir leyes ni llevar a la Administración ante la Justicia todos los días. La gente debe unirse si quiere una solución", reclama Mario Arnaldo, presidente de AEA.

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