El PRC de Colindres ha puesto en conocimiento del Juzgado de Laredo los hechos que vienen denunciando, desde hace "cinco años", sobre la "mutilación" de una Magnolia Singular de propiedad municipal por parte de una constructora, "sin autorización", lo que ha provocado la "desecación" de este ejemplar.

En un comunicado, los regionalistas indican que han recurrido a la justicia tras agotar todas las vías administrativas, para que se investigue si se trata de un posible delito de prevaricación por omisión.

El origen de este asunto está en la poda del ejemplar centenario por parte de una constructora que había ejecutado un edificio de viviendas junto al árbol y, al parecer, la magnolia "molestaba" para la venta de los primeros pisos. Así, la empresa que acometió las obras decidió, según el PRC, podar el ejemplar, que se ha ido "muriendo".

Desde 2020, año en el que se abrió el correspondiente expediente administrativo, el Ayuntamiento ha presentado tres informes periciales y el Grupo Municipal Regionalista otros tantos, para hacer "rectificar" el primero del Consistorio y "rebatir punto por punto", los otros dos.

Según el PRC, el primer informe del Ayuntamiento tasaba los daños ocasionados en 15.841 euros, mientras que en el elaborado por este partido ascendían a 244.556 euros.

Tras detectarse "irregularidades" en el informe de la Administración, se elaboró uno nuevo, en el que cifraba los daños en 58.717 euros, cuantía que se rebajó después a 32.640 euros, en un tercer documento, encargado también por el Ayuntamiento.

Desde que el Consistorio presentó segundo informe, y tras "numerosas" peticiones plenarias, escritos y contrainformes, no consta ningún tipo de acción en el expediente hasta mayo de 2013, cuando el PRC advirtió de la comunicación de los hechos al juzgado, es decir, que el asunto estuvo "tres años parado" antes de reanudarse. Pero, "nuevamente se paraliza el expediente", desde octubre de 2013 hasta el mismo mes de 2014, tras nuevo escrito regionalista.

"En este asunto, existen demasiada dudas, dilaciones injustificadas, supuesto trato de favor a empresas constructoras y, lo peor, un perjuicio evidente a los bienes públicos tanto en el momento de la tala como en la no solicitud de responsabilidades", señala el PRC, que considera que la Administración ha sido "arbitraria".

Al tiempo, creen los regionalistas que no se han defendido los intereses públicos y que "existen claros indicios de intereses económicos interpuestos para frenar la reclamación de responsabilidad, y todo ello al amparo de la no actuación de la Administración".

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