IU-Verdes de Murcia considerado que la petición del fiscal encargado de la escuela infantil La Paz, cuyo derribo investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, de imputar al alcalde, Miguel Ángel Cámara, "es la única conclusión posible tras el desaguisado monumental que se urdió para llevar a cabo esta actuación absolutamente irregular".

Para el concejal de la formación de izquierdas en el Consistorio murciano, José Ignacio Tornel, "hay hechos en este proceso que son incontestables, como la inexistencia de informes que argumenten el traslado y derribo del centro educativo y la celeridad con la que se produjeron los hechos".

"De hecho, es imposible que ningún funcionario público en su sano juicio pudiera rubricar un informe en ese sentido, avalando una ilegalidad manifiesta", ha puntualizado Tornel.

Por otra parte, el edil ha insistido en que "no existe una orden escrita asumida por nadie, ni nadie de los llamados a declarar recuerda de donde partió la orden de derribo del edificio ni quien la rubricó, salvo uno de ellos, que señala que la orden vino directamente de Alcaldía".

Tornel se ha preguntado "quién podría, con una orden o autorización meramente verbal, dar paso a la destrucción de un bien patrimonial del Ayuntamiento, eludiendo todos los procedimientos legales y formales y cómo es posible que el alcalde de Murcia no haya tomado él mismo la iniciativa de investigar los hechos denunciados, de los que es responsable en última instancia".

"Admite el alcalde que se derribe una escuela municipal sin que nadie haya dado la orden y tramitado el expediente necesario, no es él el primer interesado en aclarar esa barbaridad", ha cuestionado.

Asimismo, el concejal de IU-Verdes ha recordado que "desde el primer momento Izquierda Unida-Verdes denunció la completa arbitrariedad de los criterios y del procedimiento seguidos en esta actuación, ajenos al sentido de la política como servicio a los trabajadores de esta ciudad".

A su juicio, "privar a los vecinos de La Paz de un centro de interés levantado por ellos mismos en su barrio y dificultar aún más a las familias trabajadoras su derecho a la protección y a la educación de sus hijos es el gran mérito del PP y de Cámara, y todo bajo las directrices de negocio privado de un empresario cuyo único interés era vaciar el barrio y convertirlo en su mina de oro particular", ha sostenido.

Por último, Izquierda Unida-Verdes ha expresado su respeto por el proceso judicial y por las garantías de todos los implicados.