El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) demandará ante los tribunales al Ayuntamiento de Logroño por las oposiciones de inspector de la Policía Local de la ciudad, tanto por la presentación a la plaza del actual director general de Interior como por el tribunal, que consideran compuesto de "amigos y subordinados".

En rueda de prensa, el secretario general del SPPME en La Rioja, José Guillermo Rubio, acompañado por varios miembros del sindicato presentes en la Junta de Personal municipal, ha afirmado que "los movimientos que vemos por parte del equipo de Gobierno local del PP nos llevan a la conclusión de que se está politizando de forma desmesurada la Policía Local".

Ha recordado, en este sentido, que "se han presentado ya varios recursos administrativos en el Ayuntamiento", ante los que han tenido "la callada por respuesta", lo que se lleva, una vez agotada esta vía, "a presentar un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales", que se prevé plantear mañana mismo.

En este primer término, se llevarán los dos temas relacionados con las oposiciones. La próxima semana, además, el sindicato piensa llevar también a la vía judicial otro recurso por "persecución sindical", ya que critican que se están dando situaciones de "acoso" a sus delegados, "a los que se cambia de puestos por otros peores en cuando hacen alguna denuncia, les están haciendo la vida imposible".

Rubio ha recordado que la denuncia por las oposiciones tiene varias partes, la primera, "nuestro total desacuerdo por la elaboración de las bases para ocho plazas de oficial de policía". En segundo lugar, y su principal denuncia, por "la vergonzosa admisión" del director general de Interior, Antonio Román Camacho, como aspirante para el ascenso a una plaz de inspector.

Una plaza, aducen "creada por él mismo, en base a sus propias recomendaciones" y que se completa con otra de las denuncias del sindicato: la "recusación de diferentes miembros de los tribunales calificadores", ya que, según aseguran, "hay casos a de amistad, afinidad política y subordinación", caso, por ejemplo, en el que ha citado al actual comisario jefe "al que Camacho le firma las horas extra".

La última de las demandas del SPPME se dirige contra el sistema de libre designación "que debería ser algo puntual, como se dice en la ley, pero que, en este Ayuntamiento, se está usando alegremente y no para puestos de confianza, sino para quien les apetece, usando el dedo con frecuencia".

"POLITIZACIÓN".

Todas estas demandas, para el responsable del sindicato, suponen "que el PP, además de no haber hecho nada por mejorar la estructura, organización y ambiente laboral en la Policía Local, está hipotecando el futuro del cuerpo, para que esté gente de su confianza en los altos cargos, estén ellos o no en el Gobierno municipal, se está colocando gente afín al PP".

Rubio ha considerado que "está clara la injerencia en los procesos selectivos" y se ha referido especialmente a la composición de los tribunales como al anonimato de los aspirantes, que, según sus datos, se rompe en estas oposiciones "ya que en algunas de las pruebas se les está requieriendo que pongan el DNI, con lo que el tribunal ya sabe de sobra a quién está valorando", lo que ha calificado como "una ilegalidad".

Las "irregularidades" que lamenta el SPPME tienen "antecendentes", como ha afirmado Rubio, desde el mismo nombramiento de Camacho como director general de Interior "ya que debería haber ocupado una plaza de funcionario con categoría A-1, y no era así, ocupaba una de categoría A-2", y además, era una situación "con un tiempo limitado a 18 meses, y lleva ya tres años en el cargo".

"Este señor -ha añadido- no ha hecho nada en la Policía Local, sino que lo único ha sido prepararse el camino para conseguir la plaza de inspector, para no tener problemas en la próxima Legislatura". A ello ha sumado "más antecedentes", como el nombramiento "a dedo" del comisario jefe, Fernando Fernández Beneite, o la reestructuración de las escalas inferiores "solo cambiando gente y nombres de un sitio a otro".

Frente a toda esta situación, los miembros del sindicato reclaman, en primer lugar "que se retire al concejal Miguel Sáinz, que se ha mostrado como un incompetente, no sabe nada de la Policía", además de "claridad y transparencia en todos los procesos"; igualdad entre los aspirantes; y que los recursos policiales "se pongan al servicio de los ciudadanos, no somos una guardia pretoriana".

La situación, ha dicho Rubio, "está conduciendo a un clima laboral de gran desilusión entre los policías, están más tensionados de los que deben, y esto no puede ser porque estamos hablando de personas que son agentes de la autoridad que deben estar tranquilos para solventar situaciones que están al límite". "Si el director general quería presentarse, que hubiera dimitido", ha recalcado.

El temor que tienen los miembros del sindicato sobre el recurso en los tribunales es que "el plazo que se está dando para los contencioso-administrativos es de dos años, con lo que puede ser que Camacho sea inspector y no haya marcha atrás ya cuando la situación judicial se resuelva, va a quedar un daño irreparable".

Ahora mismo, en las oposiciones de inspector se está a falta de las pruebas físicas, y en las psicotécnicas en el resto de plazas, "pero para antes de las elecciones el proceso va a estar resuelto". Un proceso, en el caso de las ocho plazas de oficial, al que solamente se presentaron 30 agentes del centenar posible "porque la gente no creía que el sistema fuera justo".

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