La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha indicado que en estos momentos está en estudio la posible revisión de la normativa seguida sobre la prestación del servicio de comedor escolar, a fin de poder atender al alumnado que lo necesite como medida de compensación de las desigualdades existentes.

El consejero del ramo, Luciano Alonso, realiza esta afirmación en el marco de una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, a una pregunta del Grupo Popular en la que se cuestionaba al Ejecutivo autonómico por las previsiones de la administración de cambiar la norma que regula estos comedores para ofrecer la posibilidad de ofertar el servicio a los centros concertados, especialmente a aquellos que se encuentran en zonas de riesgo de exclusión social.

Recuerda Educación a este respecto que el Gobierno de la Junta ya aprobó el decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, por el cual se ha establecido un Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, con el fin de garantizar la seguridad en este aspecto a colectivos especialmente vulnerables y personas con escasos recursos económicos.

De este modo, la Consejería puso a disposición de esta iniciativa los más de 1.500 comedores escolares con los que cuenta la red de centros, a fin de reforzar la alimentación infantil en los colegios públicos de Andalucía.

La Junta, que recuerda que la prestación gratuita del servicio podrá realizarse, entre otras modalidades, mediante la concesión de subvenciones instrumentalizadas a través de convenios de colaboración con corporaciones locales o con entidades privadas sin fines de lucro, expone que, con independencia de las bonificaciones de las que gozan las familias en los servicios complementarios, el programa de refuerzo alimentario ha beneficiado durante el curso 2013-2014 a unos 20.000 menores en situación de riesgo en la comunidad.

Ello, al margen de otras acciones de las que pueden beneficiarse los menores andaluces, incluido el alumnado de los centros docentes privados concretados, como son las Redes de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, que promueven actuaciones de ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro.

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