Los nueve imputados por el escrache al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, han presentado un recurso de reforma del auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander y, ante la previsión de que el magistrado Luis Enrique García Delgado lo ratifique, también han interpuesto un recurso de apelación a la Audiencia Provincial, en el que aportan nuevas pruebas y piden la declaración de Diego.

Así lo han anunciado este martes en una rueda de prensa en la que los imputados han comparecido acompañados por su abogada, María Luz Ruiz Sinde, quien ha detallado que han pedido también la declaración de otros tres periodistas que estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos el 17 de febrero de 2014 —hoy hace un año— y han aportado un vídeo sobre lo acontecido.

"En primer lugar, pedimos la nulidad del auto porque no se han tenido en cuenta el contexto en el que se desarrollaron los hechos, en los que se estaba ejerciendo el derecho de libre reunión y libertad de expresión en la Universidad; y después pedimos el sobreseimiento por falta de pruebas", ha indicado Ruiz Sinde.

No obstante, la letrada de los nueve imputados ha explicado que, en última instancia y en caso de que lo anterior no se estime, apelan a la Audiencia Provincial y piden más pruebas testificales, en concreto las de otros tres profesionales de la comunicación y la del propio presidente regional, y aportan un vídeo en el que "demuestra que los hechos no sucedieron como han contado los escoltas y el jefe de Gabinete de Diego".

Entre esas pruebas, lo más destacado es la petición de declaración de Ignacio Diego, algo que ha dicho que se ha solicitado porque el presidente "no ha testificado en estas diligencias" y han considerado que "debe de dar su versión de los hechos para que diga si se sintió o no atentado".

Y es que uno de los principales delitos que se imputan a algunas de estas nueve personas que participaron en el escrache —que tuvo lugar tras la participación de Diego en el foro 'Tengo una pregunta para usted' organizado por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC)— es "atentado contra Ignacio Diego". "Por ello queremos que dé su versión y relate cómo se sintió", ha añadido la abogada.

Los nueve imputados se enfrentan a "un total de 42 años de cárcel" ya que, en su auto, el juez Luis Enrique García Delgado considera que hay indicios de un delito de desordenes públicos (cuya pena es de cuatro a seis años) en la actuación de siete de los imputados, así como de falta continuada contra el orden público en otros dos casos.

En la rueda de prensa, los imputados han comparecido acompañados de más de 200 personas para reivindicar que hoy les está "tocando" a ellos "afrontar este juicio por defender pacíficamente la Educación Pública, pero mañana podría tocarle a cualquiera si no nos unimos para hacer frente a este tipo de injusticias y abusos", han dicho los tres imputados que han hecho de portavoces: Mario Pardo, Lorena Saiz y Diego San Gabriel.

"acudimos en actitud pacífica"

Precisamente este último, ha relatado cómo ven ellos lo que pasó la jornada del foro del CEUC en el que intervenía el presidente regional y que todos ellos consideraron un "momento excepcional para plantear al presidente de nuestra Comunidad nuestras reflexiones e inquietudes, y un ejercicio de transparencia".

"Acudimos en actitud pacífica, encontrando un despliegue de la seguridad privada instalado en los accesos al edificio de la Universidad, que nos impedía entrar al acto sin aportar ningún tipo de justificación. No comprendíamos cómo, incluso presentando la tarjeta de la Universidad, se nos prohibía el paso", ha recordado, al tiempo que ha criticado que sólo se permitiese entrar al acto a "personas afines".

Tras no poder acceder al foro, que se desarrolló en una "sala semivacía", San Gabriel ha indicado que decidieron trasladar su "descontento" a la conclusión del acto. "Ignacio Diego montó en el coche sin el menor impedimento y abandonó la Universidad, declarando incluso al día siguiente haber estado muy a gusto", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que los hechos ocurrieron cuando el presidente ya había abandonado el lugar, momento en el que "uno de los escoltas propinó un puñetazo en la nuca y una bofetada a dos de los jóvenes". "Esas agresiones, totalmente gratuitas, generaron lógicamente los reproches de los allí presentes", ha dicho.

Después de ello, ha recordado que llegó la Policía y los jóvenes agredidos le relataron lo sucedido y reclamaron la identificación del escolta, a lo que los agentes respondieron pidiéndoles a ellos que se identificaran. "Tras trasladar en vano a la Policía lo ocurrido, nos retiramos indignados, denunciando públicamente el abuso que habíamos sufrido", ha asegurado.

Este relato de los imputados sobre cómo ocurrieron los hechos no se corresponde con el que el magistrado García Delgado muestra en el auto judicial, que Mario Pardo ha denunciado que "dibuja un escenario totalmente irreal" basado en las declaraciones de los escoltas y el jefe de Gabinete de Diego.

Así, ha negado que "una barrera de tres personas que impidiese el acceso al coche oficial o que intentasen entrar al vehículo cuando el presidente estaba en su interior". También ha tachado de falso que hubiese "agresiones y una pancarta tapando el parabrisas". "Nada de eso ocurrió y lo vamos a demostrar", ha apostillado.

CAMPAÑA '

Preguntar no es delito'

Por otro lado, los imputados se han unido en la asamblea 'Preguntar no es delito' y han puesto en marcha este mismo martes una campaña para que los ciudadanos dirijan preguntas y quejas al presidente regional, Ignacio Diego. "No quería preguntas, pues le vamos a dar taza y media", ha señalado San Gabriel.

Ha explicado que los interesados en participar en esta campaña deben enviar sus preguntas por las redes sociales acompañadas del hastag #PreguntarNoEsDelito o escribirlas en una cartulina, también junto al mismo lema, y hacerse una fotografía.

Con esta campaña, los imputados pretenden dar a conocer su caso y "canalizar la solidaridad" que han recibido por parte de "amigos, familia, compañeros e incluso personas desconocidas que son conscientes de la importancia y gravedad de este proceso" a través de "un formato de autoinculpación simbólico".

"Hacemos un llamamiento a acompañar la etiqueta con la pregunta que queráis hacerle a Ignacio Diego, para que la injusticia y el abuso que estamos sufriendo sirva para visibilizar todas las injusticias y abusos que sufrimos en Cantabria, en cada pueblo, en cada barrio, en cada centro de estudios o en cada puesto de trabajo", ha manifestado Lorena Saiz.

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