La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha estimado 144 de las 396 alegaciones registradas, entre otros, por ecologistas, sindicatos, empresas o colegios profesionales con motivo del plazo de información pública —finalizado el pasado 5 de enero— del anteproyecto de Ley de Cambio Climático, lo que supone que el 36 por ciento del total de las propuestas han sido aceptadas.

Fuentes del departamento que lidera María Jesús Serrano han indicado a Europa Press que, asimismo, hasta 252 alegaciones —el 64 por ciento restante— han sido desestimadas. En contraposición, las que se han aceptado motivarán la reformulación del texto legal, que se unirá a informes preceptivos ya solicitados para ser posteriormente sometido a Consejo Consultivo y Consejo de Gobierno.

La administración autonómica, en este sentido, asegura que el documento se seguirá tramitando, sin que la reciente ruptura del pacto de gobierno entre PSOE e IU suponga una ralentización del proceso, que supone para la Junta una "prioridad". El Ejecutivo andaluz, en este sentido, contempla, según señaló recientemente la consejera del ramo, que el anteproyecto podría aprobarse antes de que acabe la presente legislatura.

Respecto al proyecto en sí, como ya adelantó Serrano en una entrevista concedida a Europa Press, se establecerán ventajas —en subvenciones o pliegos de contratación, por ejemplo— para aquellos entes que, sin estar obligados por ley a asumir el sistema de compensación de emisiones de CO2, así lo hagan.

La futura Ley de Cambio Climático pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores considerados difusos e incrementar la superficie de los denominados sumideros naturales de dióxido de carbono. Esta norma fijará también un máximo de emisiones para el año 2020 cuyo límite estará en 4,28 toneladas de CO2 por habitante y año para las emisiones difusas, es decir, se persigue reducir los niveles de emisión hasta los de 2005.

UN 19%

Menos de co2 DE 2004 A 2012

Esta normativa permitirá además avanzar en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), hasta ahora voluntario y que con esta normativa dispondrá de un régimen obligatorio para las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de gran consumo energético y que excedan los valores de referencia establecidos. De esta manera, las empresas más contaminantes tendrán la obligación de auditar sus emisiones y de compensar, en el caso que se produzca, el exceso de contaminación.

Para ello, realizarán los denominados 'proyectos de compensación', dirigidos a reforzar la capacidad de los bosques andaluces para absorber el carbono y actuar como sumideros naturales. En ellos se incluyen también trabajos de conservación o creación de humedales y de aumento del contenido en materia orgánica del suelo mediante la agricultura y la silvicultura.

Cabe destacar que Andalucía redujo sus emisiones totales de gases de efecto invernadero en 2012 con respecto a 2004 en unos 8,2 millones de toneladas, lo que supone una disminución de un 19 por ciento. Así, en 2012 un andaluz emitió al año un 15 por ciento de dióxido de carbono menos que un español y un 32 por ciento menos que un ciudadano de la Unión Europea.