El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) ha denunciado este lunes el "confiscatorio e injusto" sistema de repago de los servicios que contempla la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Aseguran que los nuevos criterios han multiplicado hasta por cuatro las aportaciones que deben hacer algunos de los beneficiarios, no son solo discapacitados sino a muchas de las 145.618 personas que reciben alguna prestación por dependencia, de las que el 53,5% tienen más de 80 años.

"Este modelo de copago es un modelo confiscatorio porque realmente las cantidades que deben aportar los usuarios son muy elevadas y, estas cantidades son elevadas, entre otras cosas, porque las administraciones han reducido sus aportaciones y están siendo sustituidas por las aportaciones de las familias", ha denunciado en rueda de prensa el presidente de la entidad, Antonio Guillén.

Según datos del Observatorio estatal del sector de atención a la dependencia, entre 2009 y 2013 la aportación media de los usuarios por las prestaciones que reciben ha aumentado un 68%, pasando de 960 a 1.613 euros. Los criterios para fijar el copago son distintos en cada comunidad: en Madrid, por ejemplo, los dependientes no deben pagar por los servicios que reciben. En cambio, en Cataluña algunas personas pagan más de lo que cobran y las aportaciones de otros llegan a superar el 100% del coste del servicio que reciben. Por eso, piden a la Generalitat, que en abril modificó el decreto que regula el copago, una normativa más equitativa y justa. Benestar ha declinado valorar a 20minutoslas quejas del sector alegando que se trata de una ley estatal y que pronto se reunirá con el Cocarmi.

Entre los que más sufren el aumento de las aportaciones que deben realizar son quienes viven en residencias. Algunos se ven obligados a regresar a casa y a depender de la familia, si la tienen, lo que supone una importante pérdida de autonomía y un retroceso en unos derechos que han costado décadas conseguir. "No es justo, quieren que nos quedemos en casa encerrados", se ha quejado Isabel, una de las afectadas que ahora debe sobrevivir con 130 euros al mes.

Raquel, una educadora social que sufrió una grave lesión medular cuando tenía 19 años, ha visto como la cuota de su residencia, en la que se siente "autónoma", se ha encarecido 1.000 euros, pasando de 305 a 1.300. La subida llega después de haber cobrado una indemnización por el accidente que sufrió, un dinero que debe destinar a gastos como la fisioterapia o la silla de ruedas. Por eso, se verá obligada a regresar a casa y ser atendida por su madre o su hermano, ambos trabajadores "que no lo tendrán nada fácil", ha admitido.

Por eso, el Cocarmi participará en la recogida de 500.000 firmas antes de julio para que el Congreso de los Diputados tramite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para modificar la ley y establecer criterios "claros, justos, y equitativos" en la participación de los usuarios en el pago de las prestaciones, para que ésta se base en la capacidad económica del beneficiario, pero también en otros factores como su patrimonio o su esperanza de vida.

La ILP, que se promueve en la campaña Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio, pide eximir del repago las personas que perciban menos de 1.331 euros, fijar en el 60% la aportación máxima de los beneficiarios, y garantizar a la persona dependiente una cantidad para destinar a gastos personales que no sea inferior al 40% de su capacidad económica.