El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha presentado este lunes, 16 de febrero, en nombre de su grupo parlamentario, un recurso especial contra el anuncio de licitación de la concesión de las obras del nuevo Hospital de Alcañiz ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma por considerar que supone una "privatización" de la sanidad pública y por su "elevado" coste.

El PSOE ha solicitado, asimismo, la anulación del anuncio de licitación y ha propuesto que se lleve a cabo una concesión pública. Este partido ha pedido, igualmente, la interrupción de la tramitación del expediente hasta que se pronuncie el tribunal.

En su escrito, Sada ha considerado que la construcción del nuevo hospital se licita "contra toda lógica económica y social" y ha alertado de que el gasto previsto, de 451.174.551 euros, con un canon anual de 15,4 millones, "se vería incrementado en el supuesto de que existan graves problemas en la gestión del centro o que resulte inviable económicamente ya que se deberá acudir al rescate con dinero público".

Los socialistas han advertido de que, si el proyecto sigue adelante, se generará "un importante endeudamiento por el elevado coste anual", a lo que se sumarán los "importantes problemas" que habrá en la gestión de los servicios y del personal dependiente del Servicio Aragonés de Salud (Salud).

El PSOE ha considerado que "existen importantes incertidumbres ante el sistema de gestión del hospital una vez que el mismo esté construido" por los "posibles incumplimientos empresariales". De esta forma, puede producirse una "merma" en la calidad de los servicios prestados a los usuarios del hospital por parte de la concesionaria.

Falta de rigor

Sada ha alertado de la posible "falta de rigor a la hora de confeccionar los pliegos de cláusulas administrativas" porque nada impide que la empresa adjudicataria esté imputada o incursa en procedimientos penales, "como así ha ocurrido con muchas de las empresas que están asumiendo la gestión de los hospitales públicos".

Igualmente, ha lamentado que no se exija a las empresas que participan en el procedimiento de licitación que acrediten su solvencia y que se autorice la presentación de garantías mediante participaciones en fondos de inversión, "aunque su sede se encuentre en un paraíso fiscal".

El PSOE ha observado que se han presentado "proyectos alternativos de gestión pública que no han sido tenidos en cuenta, pese a los evidentes beneficios que conllevaría" para los bajoaragoneses y las arcas autonómicas ya que el presupuesto base de licitación de la obra es de 85 millones.

En el recurso, este partido ha recordado que durante el periodo de exposición pública del proyecto se han presentado 11.000 alegaciones y que la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos ha recogido 17.000 firmas en contra, "que no han merecido contestación hasta el momento presente".