El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado este lunes que no cree "que los procesos judiciales se paralicen por procesos políticos" y que, por tanto, el Tribunal Supremo, "como cualquier otro órgano judicial, continúa con las instrucciones que tiene encomendadas" como, por ejemplo, la parte relativa a los aforados del caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE).

Así lo ha manifestado a los periodistas en Sevilla antes de participar en un foro del PP-A sobre justicia junto al presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, y al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

Según ha señalado el ministro, "es verdad que los tiempos judiciales, como se ha dicho a veces, no son los de la política" porque "tienen sus trámites y sus plazos" propios y, en consecuencia, ha recalcado que el Tribunal Supremo "continúa con las instrucciones que tiene encomendadas y, por lo tanto, sigue avanzando en las investigaciones o en los enjuiciamientos que tiene en marcha".

Cuestionado por la prórroga solicitada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la juez que instruye este caso, Mercedes Alaya, para acabar con las 'macrocausas' que investiga, Catalá ha dicho que es una decisión que le corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es quien "administra los tiempos" cuando "un juez pide traslado como es el caso de la juez Alaya", que "tiene que incorporarse a un nuevo destino".

"Por tanto, eso es un procedimiento habitual, normal, de otorgar un periodo de tiempo para, digamos, finalizar los asuntos más inmediatos que tiene entre manos", ha explicado Catalá.

En todo caso, según ha apostillado el ministro, "lo previsible y razonable es que la plaza del juzgado actual se convoque, se asigne a un nuevo titular y haya una sustitución razonable en la cobertura de todos los órganos judiciales".