Las medias, por bloques

• Reducir de 500.000 a 150.000 los cargos en la Administración Pública.
• Disminuir el número de personas con designación política.
• Apostar por funcionarios de carrera.
• Como medida de control, que los interventores cumplan su trabajo con absoluta minuciosidad.
• Regular las subvenciones a organizaciones sociales.

• Endurecer el régimen de responsabilidad tanto de los funcionarios como de los políticos en relación a su gestión, "debiendo existir una consonancia con los delitos o actuaciones que puedan ser delictivas, y las penas a imponer".
• Formación continua para que los políticos reciclen conocimientos.
• Necesidad de tener representantes "mínimamente" preparados en el funcionamiento de la administración y "comprometidos" con el servicio público.

• Los especialistas aconsejan eliminar la negociación sin publicidad por la cuantía.
• Establecer criterios de adjudicación claros y de su ponderación y puntuación, exigiendo por medios electrónicos al menos tres ofertas válidas atendiendo al criterio del precio
• Uniformidad de reglas.
• Regular la publicidad de los modificados.

• Proponen atribuir la instrucción de todas las causas, incluidas las que afecten a aforados, al juez instructor ordinario.
• Clarificar la competencia en caso de causas que afecten a múltiples imputados, aforados y no aforados
• Prohibir la posibilidad de cambiar de juez instructor o tribunal en caso de que la persona imputada o acusada deje de estar aforada y viceversa.

• Abogan por ir hacia sistemas de listas abiertas que rebajen el poder de las cúpulas de los partidos.
• Limitar el tiempo de permanencia en los cargos públicos a cuatro u ocho años.
• Incorporar la responsabilidad civil de los políticos en la gestión de los recursos públicos.
• Introducir la responsabilidad política en los Estatutos de cada formación.
• Los expertos aconsejan la suspensión de militancia política con la incoación de causas por corrupción.
• Separación de cargo público desde que exista una primera resolución judicial con imputación.
• Separación definitiva del cargo desde el procesamiento o apertura de juicio oral.
• Reducir y limitar los gastos electorales como el acortamiento de las campañas o el fomento de espacios gratuitos en los medios.
• Limitar los gastos ordinarios.
• Presentar por parte de los partidos los estados financieros de toda la organización.

• Aprobar una Directiva Europea que impida a las empresas que se hayan visto implicadas en casos de corrupción, poder optar a ningún contrato público en ningún país europeo durante los próximos cinco años.
• También aconsejan poner una tasa especial del 5% durante un periodo de tiempo a todas las ventas que realicen en la Unión Europea las empresas que hayan sido declaradas corruptas.
• Implicar a los servicios secretos en la detección de los corruptos.
• Tener un registro europeo con las empresas y personas corruptas de acceso libre o con condiciones no exigentes.
• Abogan por que los condenados por corrupción no puedan tampoco pedir subvenciones, modificaciones o ayudas del sector públicos.