La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "se anticipará" en la aplicación de un protocolo andaluz para el tratamiento de la hepatitis C "si a lo largo de esta semana" el Ministerio de Salud "no informa" de la estrategia nacional.

En declaraciones a los periodistas en Maracena (Granada), la consejera explica que en Andalucía se está aplicando el protocolo de atención a enfermos de hepatitis C "de acuerdo a lo que se pactó en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud"; pero, continúa, "se plantea por parte de la Consejería y por los afectados la necesidad de ampliar el colectivo de personas a incluir en ese protocolo".

De este modo, "estamos pendientes de que el Ministerio nos informe finalmente a lo largo de esta semana de la estrategia global de atención a la hepatitis C", otra demanda que "que hizo Andalucía y que se aprobó en el Consejo Interterritorial", pero "si finalmente no es así, antes del viernes haremos lo que hicimos con el anterior grupo de personas que se incluyeron, que será anticiparnos nosotros".

Hay que recordar que la estrategia de priorización que se está aplicando en la actualidad deja fuera a algunos pacientes cirróticos (F4) y a casi todos los que se encuentran en la fase anterior a la cirrosis (F3), algo a lo que han venido oponiéndose frontalmente las plataformas de afectados andaluces.

No obstante, Sánchez Rubio señala que desde Andalucía "se quiere seguir trabajando en coordinación" con el Ministerio, porque "creemos que esto no es un problema de la comunidad, sino de toda España, y del Sistema Nacional de Salud".

"Pero sí creemos —continúa— que tiene que haber una estrategia de precios diferente y que no podemos mercadear con la salud de las personas a través de la grandes farmacéuticas", por lo que apuesta por una estrategia de precio que "haga sostenible que las personas puedan acceder a lo nuevos medicamentos que se ponen y que además pueden curar".

Además, la consejera señala que "hay que buscar a la vez cuáles son los mejores objetivos y resultados, y eso no lo podemos decidir los políticos, sino que son los profesionales que trabajan con estos enfermos los que tienen que decidir cuáles son los mejores tratamientos", porque "si no terminaremos los políticos también recetando".

"En primer lugar, eso no puede ser y en segundo lugar sería llevar al ámbito de lo profesional unas luchas que no convienen a nadie", asegura, toda vez que insiste en que "ver qué es lo mejor para los pacientes lo tienen que decidir los profesionales, y desde el ámbito de la política poner los medios para que eso se haga, y se haga a la mayor rapidez posible".