El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha reclamado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, "que aclare cuándo va a ingresar el dinero recaudado por las tasas judiciales en Andalucía", cuya cuantía asciende a más de 54 millones de euros, desde que el Gobierno del Estado puso en marcha la Ley de Tasas en 2012.

En declaraciones a Europa Press, De Llera ha pedido al ministro de Justicia que "cumpla la Ley de Tasas y que entregue a las comunidades autónomas las cantidades correspondientes a las tasas recaudadas, con el objetivo de financiar la asistencia jurídica gratuita, como así lo recoge el artículo 11 de esta norma".

El titular andaluz de Justicia ha reclamado a Catalá que explique el sistema que va a utilizar para cofinanciar la justicia gratuita, "tal y como se comprometió en la última Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia con todos los representantes de las comunidades autónomas".

De Llera ha calificado de "fracaso absoluto" la Ley de Tasas, ya que "no está suponiendo ninguna mejora de la Justicia ni da respuesta a sus principales problemas". A su juicio, "sólo está teniendo un efecto recaudatorio para las arcas del Estado, sin destinar ese dinero a la mejora de la Justicia y, lo más grave, es que se está suponiendo una flagrante vulneración de principios constitucionales esenciales como el de igualdad o la tutela judicial efectiva".

La ley, recurrida ante el Tribunal Constitucional por cuatro ejecutivos autonómicos, entre ellos el de Andalucía, "está concitando también un rechazo unánime de todos los sectores y profesionales de la Justicia y está suponiendo la renuncia de muchos ciudadanos a defender sus derechos por el efecto disuasorio de estas tasas", ha explicado el consejero.

Frente a la "falta de apoyo económico" del Gobierno central a la justicia gratuita a través de las tasas, De Llera ha subrayado el esfuerzo de la Junta "por cumplir con sus compromisos y garantizar este derecho fundamental, para la ciudadanía que no puede costearse su defensa legal en los tribunales por la falta de recursos".

"Prueba de este compromiso es el último esfuerzo realizado por el Gobierno andaluz para abonar más de 23 millones de euros a los abogados y procuradores andaluces para sufragar todos los servicios prestados en 2014, un pago que ha permitido a la Consejería ponerse al día en la financiación de este servicio", ha indicado.

La junta interpone dos recursos

Ha recordado que la Junta ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional hasta dos recursos contra las normativas reguladoras de las tasas judiciales aprobada por el Gobierno del Estado, primero contra la ley inicial y después contra las modificaciones realizadas en un real decreto.

Así las cosas, el Ejecutivo andaluz sostiene que el Ministerio ha generalizado el pago por el acceso a la Administración de Justicia "hasta el punto de producir un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad y del derecho a la tutela judicial efectiva".