El fiscal Gerardo Pollicita solicitó este viernes a la Justicia que se impute a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la causa que investiga la denuncia presentada por el fallecido Alberto Nisman por presunto encubrimiento de supuestos terroristas iraníes, informaron fuentes jurídicas a medios locales.

Además de Fernández de Kirchner, han sido imputados el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, el líder sindical Luis D'Eñía y el dirigente de la coalición izquierdista Quebracho, Fernando Esteche. Según la prensa argentina, Pillicita se ha basado en la denuncia de 300 páginas presentada por Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires en un aparente suicidio que poco a poco han ido desmontando las pruebas periciales.

Nisman denunció "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (AMIA), para que se sustraigan de la acción de la justicia argentina". "La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (...) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner, e instrumentada principalmente por el ministro de Exteriores, Héctor Timerman", sostuvo.

De acuerdo con Nisman, el Gobierno de Fernández de Kirchner habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio un canje de petróleo persa por granos argentinos.

El supuesto plan de la Casa Rosada era acusar a células terroristas locales del atentado contra la AMIA para desviar las sospechas del ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, el ex agregado cultural de la Embajada Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la Embajada Ahmad Reza Asghari.

Ante los incesantes rumores que apuntaban a una inminente imputación de Fernández de Kirchner, el Gobierno ya se ha encargado estos días de restar importancia a esta acusación formal. "La imputación no tiene ningún valor ni importancia en términos judiciales", aseguró el secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, adelantando que se quedaría en un "estrépito" como "maniobra de desestabilización democrática".

"No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta o a funcionarios del Gobierno que puedan encuadrarse en ilícitos penales", dijo, por su parte, la secretaria del Tesoro Angelina Abbona. El atentado contra la AMIA tuvo lugar el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y se saldó con 85 muertos y 300 heridos, convirtiéndose así en el mayor ataque terrorista perpetrado hasta ahora en suelo argentino.