Un total de 21 asociaciones de la provincia apoyan la ILP promovida por Cermi contra el copago en dependencia

Representantes de 21 colectivos de personas dependientes o discapacitadas de la provincia de Cádiz han anunciado este viernes que se suman a la campaña de recogida de firmas para respaldar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve a nivel nacional el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cerni), con el objetivo de reformar el actual sistema de copago en dependencia, "que ha llevado a millones de personas a una situación extrema".

Representantes de 21 colectivos de personas dependientes o discapacitadas de la provincia de Cádiz han anunciado este viernes que se suman a la campaña de recogida de firmas para respaldar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve a nivel nacional el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cerni), con el objetivo de reformar el actual sistema de copago en dependencia, "que ha llevado a millones de personas a una situación extrema".

En una nota de prensa, Upace indica que así lo han explicado este viernes en las instalaciones de la ONCE en Cádiz el presidente del Cermi Andalucía y director general de Upace San Fernando, José Manuel Porras, junto a la consejera territorial de la ONCE en Cádiz, Milagros Rodríguez Barba, y Antonio Fernández en representación de Feproami.

"La excusa de la crisis ha servido para que muchas comunidades autónomas hayan impuesto aportaciones económicas inasumibles para numerosas familias, ya que los criterios que establecen el tipo y la cuantía del copago están transferidos a las autonomías", ha asegurado Porras.

En esa línea, ha indicado que "esa transferencia de la regulación ha derivado en situaciones muy dispares en los diferentes puntos de la geografía española, desde comunidades en las que el copago no se hace efectivo hasta aquellas en las que las familias deben sufragar hasta el 90 por ciento del coste de los servicios recibidos".

Upace resalta que la media del coste de los servicios percibidos que debían sufragar las familias se situaba entre 2009 y 2013 en un 68 por ciento del total.

En el caso de Andalucía, en función del acuerdo alcanzado en 2006 entre el Cermi, los sindicatos y la Consejería de Bienestar Social entonces, se estableció reducir del 40 al 25 por ciento la aportación de la pensión de la persona con discapacidad en Unidad de Día y Centro Ocupacional y quedó al 75 por ciento en residencia.

Esto se acordó "con el compromiso de tratar de acercarlo lo máximo posible al 60 por ciento cuando haya pasado la crisis", ha añadido Porras, que ha desgranado las razones que fundamentan la puesta en marcha de esta recogida de firmas para respaldar, vía ILP, la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia.

Puntos "claves"

Esta reforma "se basa en varios puntos claves: la exención del copago a toda persona que perciba menos de 1.331 euros; que en caso de tener que abonar parte del servicio recibido se fije una aportación máxima por persona que no sea superior al 60 por ciento de su coste; y que a la persona en situación de dependencia se le garantice una cantidad para destinar a gastos personales que no sea inferior a 40 por ciento de su capacidad económica".

En este sentido, estos colectivos gaditanos han hecho un llamamiento "a la solidaridad" de todos los ciudadanos "para que apoyen con su firma el derecho a unos servicios que no pueden estar supeditados a la renta de la persona o a su lugar de residencia", con el "objetivo último" de que "nadie quede fuera del sistema de protección social por carecer de recursos".

En el caso de la provincia de Cádiz, para la recogida de firmas de la campaña, además, se pedirá la colaboración de las federaciones y asociaciones vecinales, peñas y también la Universidad de Cádiz (UCA).

La iniciativa, que se desarrolla a nivel nacional, también tiene un amplio seguimiento en las redes sociales con el hashtag #noalcopagoconfiscatorio.

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