El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, han firmado este viernes un convenio para volver a poner en marcha el servicio de orientación jurídica penitenciaria en Andalucía, interrumpido desde 2012 y del que se podrá beneficiar la población reclusa de las 13 cárceles de esta comunidad.

En el convenio participa también el Ministerio del Interior, administración competente en materia penitenciaria y que se sumará próximamente a su firma para la inminente puesta en marcha de un servicio que había sido suspendido en 2012 por la falta de renovación del citado convenio. En este sentido, el ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, no ha acudido a la firma "por problemas de agenda".

En rueda de prensa en Sevilla, el consejero ha señalado que se trata de un convenio "a tres bandas" en virtud del cual se restablece este servicio de asesoramiento jurídico a las personas internas en "todos" los centros penitenciarios andaluces, quienes recibirán asistencia sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o asesoramiento sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita.

De Llera ha explicado que, para la puesta en marcha de este servicio, "es necesaria" la participación del Ministerio del Interior, pues Instituciones Penitenciarias depende de dicho departamento. "Para dar ese servicio y prestarlo con garantías de seguridad, legalidad y transparencia es imprescindible la colaboración del personal de Instituciones Penitenciarias", ha apostillado.

Este personal "va a informar sobre cuántos abogados van" a los centros penitenciarios, "de qué días van, cuántas horas están... e igualmente van a facilitar los expedientes de los internos a los letrados para la mejor información y defensa de los intereses de los reclusos", ha destacado Emilio de Llera.

"no se trata de un servicio de justicia gratuita"

Asimismo, ha querido dejar claro que "no se trata de un servicio de justicia gratuita, sino de un complemento para reforzar el asesoramiento a los internos", de manera que "no se trata de asumir la defensa de la libertad ni de los intereses personales del preso, por su condición de parte en el proceso penal, sino por su condición de persona que está privada de libertad en un centro penitenciario".

De igual modo, el consejero ha agradecido a los colegios de abogados andaluces el "interés" mostrado para restablecer este servicio "y su disponibilidad" para poder firmar el convenio, "que por fin ha sido aceptado por el Ministerio y que ahora le remitiremos para su firma".

Así, el servicio se reanudará "pronto" y una vez que el Ministerio firme el convenio, pues "hemos logrado despejar todas las dudas que había; ha habido que rehacer el convenio entero por los problemas que planteada a Interior el Ministerio de Hacienda".

Texto "consensuado" con interior

"Confío en la buena voluntad del Ministerio para reanudar este servicio que conviene a todo el mundo y que firme el convenio inmediatamente, cuyo texto está consensuado", ha insistido Emilio de Llera, que ha agregado que se trata de "una cosa deseada por los propios funcionarios de la administración penitenciaria, porque además pacifica mucho la vida dentro de los centros".

De Llera ha explicado que se ha tardado tres años en firmar este convenio "por los inconvenientes" que ponía Interior, "que parece que contaba con la oposición del Ministerio de Hacienda por la aplicación de la ley de ajuste de gastos y equilibrio financiero", de manera que "hemos buscado una fórmula que abarata los costes". "Ellos, encima, no ponen un duro, y pese a eso estaban poniendo pegas", ha dicho.

De su lado, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, ha destacado que se trata de un "importante" convenio para la abogacía y para la población penitenciaria andaluza y ha señalado que "incluso ha sido demandado por los propios directores" de los centros, ya que "facilita mucho la tarea de los funcionarios en su relación con los internos".

140.000

Euros anuales

Se trata de un convenio "fruto de una gran tarea de colaboración entre la Consejería y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para ante el Ministerio", y que supone "un paso más adelante en la mejora de la justicia" en la región, punto en el que ha confiado en que se pueda poner en marcha a lo largo del próximo mes de marzo.

El convenio tiene una vigencia de tres años prorrogables, financiado al completo por la Consejería de Justicia e Interior, con una dotación inicial de 140.000 euros anuales que será abonada en periodos trimestrales al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, previa justificación de los servicios efectuados.