Vocales del CGPJ han iniciado una ronda de contactos para promover que los siete magistrados dedicados al control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España trabajen siguiendo criterios comunes, ya que si bien cada centro afronta sus propios retos, hay una serie de problemas que afectan a todos por igual.

En el marco de esta ronda de contactos, el juez de control del CIE de Zapadores (Valencia), Francisco Silla, se ha reunido este jueves en Madrid con dos vocales del Consejo General del Poder Judicial, Carmen Llombart y Álvaro Cuesta para exponerles la problemática del establecimiento que supervisa, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Los vocales del CGPJ, que también han iniciado reuniones con mandos policiales para recabar su parecer sobre la situación, coinciden con el magistrado en la necesidad de que los siete jueces de vigilancia de los CIE operen siguiendo criterios similaes en áreas en las que se puedan producir problemas o dificultades en el cumplimiento de la normativa vigente.

En este sentido, son frecuentes las denuncias de ONG y colectivos sociales sobre la exigencia de que se informe adecuadamente a los internos sobre la posibilidad de pedir asilo, se les notifique en tiempo y forma su expulsión o se garantice el libre acceso que, por ley, deberían tener estas entidades a las instalaciones.

En la actualidad, los magistrados van respondiendo a las carencias que detectan en los CIE bien a instancias de las ONG en contacto con los internos, bien por sus propias pesquisas en las visitas periódicas que realizan a las instalaciones.

El propio Silla, emitió un auto en abril del año pasado para obligar al centro que supervisa a garantizar el acceso a los servicios sociales de las personas retenidas y eliminar las barreras arquitectónicas que en las visitas, les separan de sus familiares.

El objetivo de esta iniciativa de los vocales del CGPJ es elevar algún tipo de propuesta de actuación al órgano de Gobierno de los jueces para que desde allí se tomen medidas a fin de unificar los criterios o, al menos, monitorizar el trabajo de control judicial de los CIE. Las fuentes consultadas no descartan que acabe teniendo forma de observatorio, aunque será, en todo caso, a medio plazo.

Los CIE no son cárceles, sino establecimientos policiales donde se recluye a los inmigrantes para ejecutar su expulsión del país. Estas personas pueden permanecer retenidas un máximo de 60 días, al cabo de los cuales deben salir en libertad. En 2013 pasaron por estos centros más de 9.000 extranjeros y en el 47,5 por ciento de los casos, tuvieron que ser liberados ante la imposibilidad de ejecutar la deportación.