El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha defendido su gestión ante el proyecto de construcción de un nuevo Hospital en Teruel ante los retrasos sufridos por cuestión de "seguridad" y "legalidad" y ante la petición de dimisión de los grupos de la oposición, PSOE, CHA e IU, les ha solicitado que dijeran "a la cara" de los turolenses si no hubiesen tenido en cuenta los informes sobre riesgos sísmicos y si hubieran aceptado las propuestas de Acciona.

En una comparecencia ante el Parlamento aragonés, Oliván ha subrayado el interés del Gobierno de "hacer el Hospital de Teruel lo antes posible, respetando en todo momento el marco legal y con total transparencia".

Así, ha relatado que tras obtener la licencia de obra en diciembre de 2012 recibieron un informe de la Universidad de Zaragoza alertando de riesgos sísmicos que no habían sido tenidos en cuenta en la redacción del proyecto de construcción del hospital por el anterior Gobierno, y que fueron confirmados por dos informes del Instituto Geológico Minero de España y por el Instituto Geográfico Nacional.

El 3 de octubre de 2014, Acciona, empresa que había resultado adjudicataria de la construcción del centro, remitió una carta informando de su intención de pedir la resolución del contrato si no participaba en el modificado del proyecto, que ratificó el 22 de octubre "para nuestra sorpresa".

En el proceso de negociación tras estas misivas, la compañía reclamó una modificación del contrato a posteriori y una resolución parcial del contrato "para solo ejecutar una serie de actuaciones", solicitudes que no se atenían a la ley del contratos de las Administraciones públicas, ha apostillado Oliván.

RESCISIÓN

El consejero ha continuado diciendo que ante estos hechos se inició el proceso de rescisión, tras "apurar los plazos esperando alcanzar algún acuerdo con Acciona, que no se produjo", y la empresa tiene ahora de plazo hasta el lunes para presentar alegaciones a la propuesta del Ejecutivo, que no contempla indemnizarle puesto que entiende que el retraso se debe a circunstancias "sobrevenidas", frente a los 1,25 millones de euros que reclama la compañía.

Acto seguido, los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo deberán emitir informes, a los que se atendrá el Gobierno para aprobar en Consejo de Gobierno su decisión final de rescisión, a lo que seguirá "una intervención inmediata" de la empresa pública TRAGSA, donde participa la Comunidad, por lo que se considera un "recurso propio", para las excavaciones y movimientos de tierras, ha añadido Oliván.

A la vez, se publicará una nueva licitación para construir el hospital con el objetivo de que "sin solución de continuidad", tras los tres o cuatro meses aproximados de intervención de TRAGSA, se inicie la edificación del centro hospitalario.

El consejero ha reivindicado que "hemos dado pasos dentro del marco legal" para "cumplir con nuestra obligación, que es dotar al hospital de la máxima seguridad posible y de todos los elementos de legalidad", y si eso ha supuesto "que hemos tardado más tiempo del que me hubiera gustado, es un tiempo bien empleado", ha opinado.

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de las Cortes de Aragón, ha informado de que en caso de que Acciona decidiera ir a los tribunales, esto "no supondría ningún paró en el proceso de resolución del contrato".

También ha explicado que el movimiento de tierras tiene un coste de entre 1,8 y 2 millones de euros, del total de 99,7 millones a que se eleva el proyecto modificado de construcción.

Dimisión y silencio

La diputada del PSOE, Mayte Pérez, ha pedido al consejero "que se vaya" porque su gestión "ha sido nefasta" en esta cuestión, pero también "en cada una de las acciones encomendadas" a su Departamento, entre las que ha citado las listas de espera, las infraestructuras y los servicios sociales y "si no, que se calle, no meta más la pata y no engañe más".

Sobre el Hospital de Teruel, ha lamentado que se haya "ninguneado" a los turolenses y a las Cortes autonómicas por dar la información a los medios de comunicación antes que al Parlamento y ha criticado que el consejero, "engaño tras engaño, ha protagonizado una historia interminable" y ahora plantea una solución "para asegurar una foto en campaña electoral", cuando "no han sido capaces de hacerlo antes porque no han querido".

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha criticado el retraso en construir un hospital "que ya era necesario hace diez años y que es de referencia para casi 100.000 aragoneses", una "tomadura de pelo" y rechazado que el consejero que no haya dado a conocer antes en las Cortes lo ocurrido con Acciona, cuando "ha tenido más de una ocasión" para hacerlo.

Martínez ha considerado que "no puede ser que la culpa siempre sea de otro" y ha querido saber "cuánto dinero va a costar a todos los aragoneses" la rescisión, al tiempo que ha estimado que el consejero "debería dimitir antes generar nuevas expectativas".

La portavoz de IU, Patricia Luquin, ha indicado a Oliván que "si tuviera algo de dignidad, se hubiera marchado ya" por un proyecto que es "un auténtico despropósito desde el principio hasta el final, en la forma y el fondo", sobre el que le ha acusado de "mentir" y que ha servido al Gobierno "para hacer ingeniería contable".

Así, le ha preguntado al consejero si "usted considera que se cree alguien que nunca tiene ningún tipo de responsabilidad y todos los problemas le vienen sobrevenidos".

Poco admisible

El diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, ha sostenido que "es poco admisible lo que proponía la empresa de rescindir parte del contrato", para lamentar "que un nuevo contratiempo da a la gente de Teruel con la puerta en las narices" ante "el cuento de nunca acabar" y por eso ha estimado "lógico que la sociedad turolense sea escéptica" y "exija la resolución de los problemas con solvencia" y "sin más dilaciones".

La diputada del PP, Carmen Susín, ha argumentado que "el Gobierno está obligado a tomar la decisión más adecuada para los intereses de la Comunidad" y ha defendido que la rescisión se haga "con el máximo rigor y transparencia puesto que otra alternativa no es posible" y que las indemnizaciones sean "las mínimas posibles" y "siempre ajustándose a la legalidad vigente".