Competencia multa a ocho fabricantes de postes de hormigón, entre ellas la gallega Aplihorsa, con casi 180.000 euros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 1,87 millones de euros a ocho empresas fabricantes de postes de hormigón por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia, según ha informado este jueves el organismo que preside José María Marín Quemada.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 1,87 millones de euros a ocho empresas fabricantes de postes de hormigón por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia, según ha informado este jueves el organismo que preside José María Marín Quemada.

La CNMC considera acreditado que estas ocho empresas, entre ellas la gallega Aplihorsa, ubicada en Carballo (A Coruña), llevaron a cabo prácticas contrarias a la normativa de competencia, entre ellas pactos de precios, intercambio de información "sensible" (datos sobre clientes, productos y precios), reparto del mercado y reparto de subastas de las empresas Telefónica, Unión Fenosa, Iberdrola e Hidroeléctrica del Cantábrico. Competencia señala que algunas de estas prácticas se extendieron desde 1985 hasta 2013.

Las empresas sancionadas son Adhorna Prefabricación (multada con 469.681 euros), Prefabricados y Postes de Hormigón (441.826 euros), Postes Xeixalvo (238.731 euros), Posteléctrica Fabricación (203.067 euros), Aplihorsa (Aplicaciones del Hormigón, 178.844 euros), Bupre (176.984 euros), Romero Hormelec (160.645 euros) y Rubiera Predisa (3.334 euros).

La CNMC considera la lucha contra los acuerdos de reparto de mercado y los cárteles una de sus prioridades de actuación "por su efecto nocivo sobre la competencia y los consumidores". El organismo dispone de un programa de clemencia, mediante el que la empresa y/o el directivo que haya participado en un cártel puede aportar información sobre el mismo a cambio de la exención total o de una reducción de la multa.

Competencia recuerda además que cualquier persona o empresa que se considere afectada por las prácticas anticompetitivas de las compañías sancionadas puede presentar una demanda de daños y perjuicios ante los tribunales civiles

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