Citados nuevamente este jueves el alcalde de Arcos (PP) y dos ediles de Aipro acusados de enchufismo

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha citado nuevamente al alcalde de dicha localidad, José Luis Núñez (PP), y a los ediles de Alternativa Independiente Progresista (Aipro) Manuel Erdozain y Petra Macías a declarar este jueves en calidad de imputados por un caso de supuesto enchufismo en el Ayuntamiento.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha citado nuevamente al alcalde de dicha localidad, José Luis Núñez (PP), y a los ediles de Alternativa Independiente Progresista (Aipro) Manuel Erdozain y Petra Macías a declarar este jueves en calidad de imputados por un caso de supuesto enchufismo en el Ayuntamiento.

Según una providencia del juzgado emitida con fecha del pasado 23 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el jueves también está prevista la declaración de un testigo en el caso.

Cabe recordar que el juzgado ratificaba en diciembre de 2014 una querella contra el alcalde y otros ocho concejales de PP y Aipro —partidos que gobiernan en coalición en la localidad arcense— por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en los que habrían incurrido tras la supuesta contratación irregular de 25 familiares y personas afines en el Consistorio.

Detalla la providencia que el alcalde y el edil de Urbanismo, Manuel Erdozain, han sido citados a petición propia a fin de consultar la documentación oportuna.

No obstante, "en la medida que ya se les tomó declaración como imputados, si se van a acoger al derecho a no declarar en esta segunda ocasión, bastará con que lo anticipen por escrito sin necesidad de asistir", procediendo en tal caso a suspender la citación al resultar "innecesaria". Asimismo, añade que, "como todo imputado, podrán prestar declaración cuando así lo interesen y a iniciativa propia".

En cuanto a Macías, edil responsable de la Delegación de Jédula, detalla que no compareció el pasado 23 de enero, cuando estaba citada junto a otros cinco imputados. Por ello, la autoridad judicial advierte de que, "en caso de una nueva incomparecencia, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención".

La querella

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue presentada a título particular por el edil socialista Joaquín Macías en septiembre de 2014 y ratificada en diciembre por el juzgado.

Se dirige contra el alcalde; el senador del PP y edil de Infraestructuras, Obras y Servicios, Sebastián Ruiz; el edil de Urbanismo, Manuel Erdozain (Aipro); el de Hacienda y Personal, Carlos de la Barrera (PP); la de Asuntos Sociales, Juana María Morales (PP); el de Turismo, Manuel Romero (Aipro); el de Cultura, Domingo Jesús González (PP); el de Medio Ambiente, Francisco Muñoz (Aipro), y Petra Macías (Aipro), responsable de la Delegación de Jédula.

Sostiene que los querellados habrían venido ordenando, "a veces directamente, y otras a través del responsable de Hacienda y Personal, el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como de miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011".

Indica que el concierto de los contratos de trabajo se ha realizado "con olvido del procedimiento legalmente establecido y omitiendo el procedimiento de selección" a través de convocatoria pública, y "sin la previa fiscalización del Servicio de Intervención para constatar que la Administración poseía crédito suficiente para contratar".

En este sentido, adjunta una relación de los contratos aparentemente concertados "siguiendo las órdenes de los querellados y firmados por el Delegado Municipal de Hacienda y Personal".

Dicho listado incluye a un cuñado y una sobrina del alcalde; a un cuñado de Reyes; a un cuñado de Erdozain; un cuñado, una hermana y una sobrina de De la Barrera; una hermana y un hijo de Romero Gallardo; dos sobrinos de Macías; un sobrino y una hermana de Morales; dos tíos de Muñoz y un sobrino de González Gil. Los puestos son de carpintero, auxiliar, electricista, administrativo, peón, conserje, arquitecto o personal de limpieza.

Igualmente, la querella sostiene que "también se habrían concertado contratos laborales temporales con personas que formaban parte de las candidaturas de los partidos que conforman el gobierno municipal, sin cumplir con las normas procedimentales establecidas en el ordenamiento jurídico". En este apartado, adjunta una relación de nueve casos en puestos similares.

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