El exalcalde socialista de Guadalcanal (Sevilla) Carmelo Montero ha manifestado este miércoles que respeta la decisión de la juez Mercedes Alaya de imputarle en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. No obstante, y en declaraciones a Europa Press, ha defendido que el secadero de alpeorujo por cuya subvención ha sido imputado fue construido y está en funcionamiento, toda vez que desconoce si la ayuda "estaba mal dada o no" por la Junta de Andalucía.

Hablamos de la investigación relativa a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, con la que habrían sido alimentados incentivos para reestructuraciones laborales injustificadas o carentes de trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas, muchas de ellas relacionadas con miembros del PSOE andaluz.

La Sierra Norte de Sevilla juega su propio papel en la investigación, pues el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, hombre clave en los hechos a cuenta de su cargo y uno de los principales imputados en la causa, fue alcalde del municipio serrano de El Pedroso y la propia juez Alaya señalaba en uno de sus múltiples autos la "concentración inusitada de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, algunas de las cuales carecían de actividad", advirtiendo de que tanto Guerrero, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, habían "manifestado" que el que fuera consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera fue el responsable de la "decisión sobre tal cúmulo de ayudas".

La sierra norte

En un último auto, la juez ha imputado a 34 personas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellas el exalcalde socialistas de Guadalcanal Carmelo Montero, el que fuera alcalde socialista de El Real de la Jara entre 1985 y 2007 José Antonio Méndez Sánchez, y el exalcalde socialista de El Pedroso Antonio Diana Expósito.

A montero, en concreto, le acusa de valerse de "sus importantes relaciones de amistad con los responsables de la Consejería de Empleo e IFA, para obtener una subvención de un millón de euros (para la cooperativa olivarera que presidía) sin efectuar siquiera la mera solicitud ante la Administración y sin presentar la documentación acreditativa del proyecto u obra". También le achaca su "activa participación" en la concesión de 2,1 millones en ayudas a empresas investigadas.

Carmelo Montero, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que respeta la decisión de la juez, pero al mismo tiempo ha explicado que como alcalde de Guadalcanal y presidenta de la cooperativa olivarera del municipio, se limitó a solicitar a la Junta de Andalucía una subvención de un millón de euros para la instalación de un secadero de alpeorujo, al objeto de evitar que la cooperativa del municipio siguiese recurriendo a los secaderos de Lora del Río o Estepa, con los costes implícitos en ello. Según explica, así se decidió en el seno de la cooperativa.

"Presentamos un proyecto. Nos dieron la subvención de un millón que nos pagaron en siete entregas durante casi dos años, el secadero se hizo y costó 1,4 millones de euros, incluso tuvimos que pedir un crédito bancario. El secadero está ahí, funcionando. No sé qué he hecho mal", ha dicho alegando que desconoce "si la subvención estaba mal dada o no", dado que fue la Administración autonómica quien autorizó tal ayuda.

En cuanto las reuniones celebradas con diversos empresarios de la Sierra Norte y la Junta de Andalucía para la consecución de subvenciones, ha defendido que como alcalde "acompañaba a los industriales del pueblo o de la comarca" en tales reuniones. "Sólo eso", ha aseverado.