El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, encargado del caso de las presuntas irregularidades en las subvenciones para cursos de formación para desempleados, tiene previsto comenzar a mediados de abril la toma de declaración a investigados y testigos de la primera fase de la operación, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Estas comparecencias, según han indicado las fuentes, se prolongarán durante varios meses y se refieren a las personas relacionadas con las empresas y los cursos impartidos en la primera convocatoria investigada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de diciembre de 2010, los cuales ya declararon ante los investigadores.

Así, según han indicado las fuentes, la intención del juzgado es comenzar las declaraciones el 17 de abril y que declaren varias personas cada día fijado, aunque no tengan relación con una misma empresa o subvención. Asimismo, en esta tanda de comparecencias también estarían los funcionarios y responsables del organismo público encargado de conceder las ayudas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por parte de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social y cuenta con varios informes policiales, en los que se apunta a una supuesta falta de justificación de cursos de los planes de promoción del empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y también de control.

Estas pesquisas iniciales se centraron en presuntas irregularidades en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros— en la convocatoria de diciembre de 2010 del programa para el empleo con compromiso de contratación. La Policía implicó en esta primera fase a más de 40 personas.

En junio de 2014, la Fiscalía decidió remitir el caso a los juzgados de Málaga con el fin de que siguiera la investigación, solicitando la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades, "así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones".

El ministerio público estimaba que inicialmente podrían existir "indicios de responsabilidad penal", en concreto, de los delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias.

Los investigadores de la UDEF relataban en los informes supuestas irregularidades que se habrían producido tanto previamente, como la falta de capacitación de empresas a las que se dieron fondos mediante convenio; y también posteriores, por el supuesto incumplimiento en la contratación del 60 por ciento de los alumnos, la falta de control o posibles falsedades en los partes de asistencia.

Aparte de la primera convocatoria, los agentes de la UDEF investigaron una segunda convocatoria de ayudas, en la que se centraría la nueva fase de la operación policial desarrollada este pasado martes en la provincia malagueña y que se ha extendido también a otras provincias, como Almería y Cádiz.

Así, los investigadores han examinado la convocatoria de 4 de noviembre de 2010, detectando irregularidades inicialmente en una decena de las 32 empresas a las que se concedieron subvenciones en dicho expediente por un valor global de casi 2,5 millones de euros.