La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina ha lamentado que haya tenido que ser el Gobierno de Aragón, "con una ínfima parte de su territorio en la cuenca del Tajo", el que haya litigado ante el Estado, recurriendo el Memorándum de entendimiento entre comunidades autónomas y ha exigido a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, que se ponga a trabajar en el nuevo plan del Tajo.

"Exigimos a la presidenta de Castilla-La Mancha un cambio de rumbo a su errática y entreguista política de aguas, y que se ponga a trabajar en el nuevo plan del Tajo (a información pública hasta junio de este año), para enmendar en lo posible la situación del río, de su cabecera agotada por los trasvases, y del patético estado ambiental y ecológico del tramo medio del río entre cabecera y Talavera de la Reina".

De este modo ha reaccionado la plataforma, en nota de prensa, después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya anulado y declarado inconstitucionales varias disposiciones relacionadas con el Trasvase Tajo-Segura, recogidas en la Ley de Evaluación Ambiental, por no haber contado con la opinión de la comunidad autónoma de Aragón.

Según esta plataforma esta sentencia, unida al dictamen de la Defensora del Pueblo de hace un par de semanas, "deja muy tocado el frágil aunque aparentemente enrevesado andamiaje jurídico con que el Partido Popular esta legislatura ha querido dejar atado y bien atado el trasvase Tajo-Segura, bordeando o incumpliendo flagrantemente la legalidad".

Han recordado que quedan pendientes sentencias del Tribunal Supremo al recurso presentado por la Plataforma de Talavera contra el Plan del Tajo, y tres quejas en la Comisión Europea por vulneración de derecho comunitario.

SENTENCIA

A juicio de la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, el Tribunal Constitucional "da un varapalo al trasvase Tajo-Segura y deja sin efecto buena parte de lo pactado en el Memorándum de entendimiento entre comunidades autónomas, para trocear y repartirse el Tajo".

"Esta sentencia, lejos de interpretarse como un mero formulismo a solucionar con urgencia, incide en que no es posible hacer una política de aguas nacional sin atender a los requerimientos de las cuencas hidrográficas que sufren trasvases, y no consultar a las comunidades autónomas que resultan afectadas por las demarcaciones hidrográficas trasvasadas, en este caso la del Tajo".