El juzgado desestima el recurso de EU al archivo de la causa del Centro de Convenciones de Castellón

El juzgado de instrucción número 5 de Castellón ha desentimado el recurso de reforma interpuesto por EU al auto que acordaba el sobreseimiento provisional de la causa por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, que se abrió contra siete personas, entre ellas, el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, al no aparecer, "siquiera indiciariamente" que los hechos puedan ser contitutivos de delito.

El juzgado de instrucción número 5 de Castellón ha desentimado el recurso de reforma interpuesto por EU al auto que acordaba el sobreseimiento provisional de la causa por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, que se abrió contra siete personas, entre ellas, el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, al no aparecer, "siquiera indiciariamente" que los hechos puedan ser contitutivos de delito.

La juez considera que las alegaciones del recurrente, que insiste en la naturaleza y revelancia penal de los hechos denunciados, "no desvirtúan los razonamientos contenidos en el auto impugnado, los cuales se dan íntegramente por reproducidos".

Así, el auto en el que se rechaza el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que no apareciendo, "siquiera indiciariamente", que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de los delitos pretendidos por el recurrente, ni de infracción penal alguna, ante la ausencia de una base incriminatoria sólida que pueda sustentar la imputación de los denunciados.

Así, de acuerdo con el criterio "ya expuesto ampliamente en su día", así como el expuesto por el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso interpuesto contra la decisión de decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

En dicho recurso, la formación política solicitaba la práctica de nuevas diligencias de investigación consistentes en la declaración como testigo del presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, y la inhibición de la causa al órgano competente por entender que existían indicios de criminalidad suficientes respecto al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, actual diputado en las Corts y miembro del Consell Jurídic Consultiu.

El juzgado de instrucción número 5 de Castellón acordó el sobreseimiento provisional de la causa al no resultar "debidamente justificada" la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la misma.

Figuraban como imputados en la causa, además de Santiago Calatrava y la mercantil Santiago Calatrava GMBH, los entonces directores de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) Eusebio Monzó y Nicolás Figueres; el director de la oficina de Calatrava en Valencia, Fernando Benzo; el técnico Ignacio Javier de Diego; la exdirectora de Grandes Proyectos de la Generalitat, Cristina Morató; y Javier Manso.

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