Un edil de Rincón, citado a declarar este miércoles dentro de la operación por los cursos a parados

La nueva fase de la investigación se refiere a una segunda convocatoria de ayudas

Un edil del equipo de gobierno del PP de Rincón de la Victoria (Málaga) ha sido citado a declarar este miércoles dentro de la investigación por el presunto fraude en los cursos de formación para desempleados, que ha iniciado este martes una nueva fase de la operación policial, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

Se trata del concejal de Formación del Consistorio, según han informado las fuentes, quienes han apuntado que se le ha citado para declarar al igual que a su mujer e hijo ante los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que se encargan del caso desde el inicio.

Este edil, Manuel Sánchez, ha asegurado a Europa Press que el curso, que era de ayudante de cocina, se impartió a través de un negocio de hostelería que tiene "con todos los requisitos" que ponía la orden, incluyendo el compromiso de contratación; y ha señalado que el curso se justificó ante la Junta de Andalucía, que incluso ha revisado el expediente y ha "reconocido el abono de la parte que quedaba pendiente de pago".

Esta segunda fase de la investigación en torno al fraude de los cursos de formación en Andalucía va dirigida contra 90 personas vinculadas a un total de 52 empresas y pretende destapar las responsabilidades en torno a un fraude de cerca de tres millones de euros, según las cifras de los investigadores de la UDEF de la Policía Nacional que dirigen las pesquisas.

La operación ha sido bautizada como 'Edu Costa', porque se va a desplegar desde este martes y durante los próximos días en las provincias costeras de Málaga, Almería y Cádiz. Esta primera fase se va desarrollar con actuaciones como registros domiciliarios y de empresas hasta el día 13 y habrá una segunda fase que comenzará el día 16 y tiene previsto culminar el día 20.

En el caso de Málaga, esta nueva fase de la operación policial se centraría en una segunda convocatoria de ayudas investigada por la UDEF, según han indicado a Europa Press otras fuentes cercanas a la investigación.

Inicialmente las pesquisas en Málaga se centraron en presuntas irregularidades en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros— en la convocatoria del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de diciembre de 2010 del programa para el empleo con compromiso de contratación.

Pero, posteriormente, los investigadores han examinado también la convocatoria de noviembre del mismo año, detectando irregularidades inicialmente en una decena de las 32 empresas a las que se concedieron subvenciones en dicho expediente por un valor global de casi 2,5 millones de euros. A esta convocatoria es a la que se referiría la operación ahora desplegada en Málaga, han indicado.

Otras fuentes han indicado a Europa Press que las actuaciones son realizadas a instancias de la Policía y no del juzgado; por lo que previsiblemente las personas supuestamente implicadas en esta fase no pasarán a disposición judicial ahora.

La investigación en málaga

La investigación de este caso se inició en Málaga tras una denuncia ante la Fiscalía malagueña por parte de la sección de la UDEF en la Seguridad Social y cuenta con varios informes policiales, en los que se apunta a una supuesta falta de justificación de cursos de los planes de promoción del empleo del Servicio Andaluz de Empleo y también de control.

En junio de 2014, la Fiscalía decidió remitir el caso a los juzgados de Málaga con el fin de que siguiera la investigación, solicitando la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades, "así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones".

El ministerio público estimaba que inicialmente podrían existir "indicios de responsabilidad penal", en concreto, de los delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 8, que tendrá que tomar declaraciones, después de que la Policía detuviera a más de 40 personas.

Los investigadores de la UDEF relataban en los informes supuestas irregularidades que se habrían producido tanto previamente, como la falta de capacitación empresas a las que se dieron fondos mediante convenio; y también posteriores, por el supuesto incumplimiento en la contratación del 60 por ciento de los alumnos, la falta de control o posibles falsedades en los partes de asistencia.

La Fiscalía solicitó el pasado mes de noviembre que se hicieran 16 piezas dentro del caso, que se corresponden con las 17 empresas —dos de ellas tendrían relación— investigadas de la primera convocatoria de ayudas de diciembre de 2010, en las que los investigadores detectaron alguna irregularidad. El Juzgado de Instrucción número 8 ya ha creado estos apartados diferenciados.

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